Las acusaciones de corrupción han sacudido al municipio de Prado Tolima, donde el exalcalde Luis Ernesto Castañeda Sánchez y su familia enfrentan serias acusaciones de malversación de fondos públicos. Según las investigaciones, la familia del exalcalde tiene un control total sobre la contratación en las tres principales entidades públicas del municipio: la Alcaldía municipal, el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. y la Empresa de Servicios Públicos-EMSERPRADO.
Una de las acusaciones más graves recae sobre el hijo del exalcalde, Dharman Santiago Castañeda Moncaleano, quien ha sido beneficiado con contratos de prestación de servicios en el municipio. A pesar de ser bachiller y carecer de experiencia laboral, Dharman Santiago Castañeda Moncaleano ha firmado contratos que le otorgan ingresos mensuales considerables, generando sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación.
Las revelaciones continúan al descubrir que Dharman Santiago Castañeda Moncaleano no cumple con los requisitos académicos ni laborales exigidos para los contratos que ha obtenido. A pesar de estudiar en sexto semestre de un programa técnico, carece de la formación y experiencia necesarias para desempeñar las funciones requeridas en los contratos que ha firmado.
Pero la implicación del exalcalde y su familia en presuntos actos de corrupción no se detiene allí. También se ha señalado la participación del hermano del exalcalde, William Andrés Castañeda Sánchez, en la contratación pública del municipio. Se afirma que William Andrés Castañeda Sánchez controla la contratación en varias entidades públicas, utilizando su influencia para beneficiarse económicamente.
Las acusaciones de nepotismo y malversación de fondos públicos han generado indignación en la comunidad de Prado Tolima. Se exige una investigación exhaustiva sobre las prácticas de contratación en el municipio y se demanda transparencia en la gestión de los recursos públicos. La comunidad reclama justicia y rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales para restaurar la confianza en las instituciones locales.
El escándalo también ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema de contratación pública para prevenir casos de corrupción. Se espera que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración de los recursos municipales, y que se castigue a aquellos que abusan de su poder para beneficio personal.
