El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué ha emitido un sentido de fallo condenatorio contra el exalcalde Luis H. Rodríguez, marcando un hito en la saga judicial por el desfalco de los Juegos Nacionales de 2015.
Esta decisión, que abarca múltiples delitos de corrupción, se produce después de que un preacuerdo con la Fiscalía fuera anulado por el Tribunal Superior, forzando a Rodríguez a enfrentar un proceso que lo ha llevado a un momento crítico, con la pena definitiva por conocerse el próximo 11 de diciembre. La condena actual incluye el delito de peculado por apropiación, una imputación que el exmandatario siempre había buscado eludir, y que lo confronta directamente con las acusaciones de haberse beneficiado económicamente del multimillonario escándalo de corrupción que dejó a Ibagué sin escenarios deportivos.
El Juzgado Primero Penal del Circuito, en una decisión trascendental, anunció un nuevo sentido de fallo condenatorio en contra del exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez. Este veredicto se centra en su papel protagónico en el desfalco que empañó los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, un escándalo que ha perseguido al exmandatario por casi una década. Los delitos que sustentan esta nueva condena son de la máxima gravedad en la función pública: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el lleno de requisitos legales, prevaricato por omisión y, de manera crucial, peculado por apropiación. La inclusión de este último delito marca un punto de inflexión con respecto a procesos previos, ya que sanciona el enriquecimiento ilícito a expensas de los recursos estatales, una acusación que Luis H. había negado reiteradamente. El fallo representa un paso significativo en la búsqueda de justicia por uno de los casos de corrupción más notorios en la historia reciente de Colombia.
La nueva condena es el resultado directo de la anulación de un preacuerdo que Luis H. Rodríguez había pactado con la Fiscalía, una decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Ibagué. La instancia superior tiene la potestad de avalar o rechazar las negociaciones judiciales, un rol vital para garantizar la equidad del sistema. En el caso de Rodríguez, el Tribunal desaprobó la atenuación punitiva propuesta, argumentando que la pena acordada no era proporcional al inmenso daño infligido a la ciudad. El preacuerdo inicial, que lo habría condenado a poco menos de cinco años de prisión, fue considerado por la opinión pública y los representantes de las víctimas como “insuficiente” y una “condena vergonzosa” frente a la magnitud del desfalco. El rechazo del Tribunal obligó al exmandatario a enfrentar un juicio donde el veredicto final ahora refleja con mayor severidad su responsabilidad en el esquema de corrupción.
Durante la audiencia, la imagen de un exfuncionario “visiblemente golpeado” contrastó con la frialdad de los procedimientos judiciales. En un gesto que buscaba la atenuación de su pena, el exmandatario volvió a pedir perdón a la ciudadanía de Ibagué por su responsabilidad en el fracaso de los Juegos Nacionales. Este acto de contrición pública no es nuevo, ya que en audiencias previas, Rodríguez había manifestado su disposición a colaborar con la justicia de forma “voluntaria, libre y consciente”. Su aceptación de los cargos, si bien puede interpretarse como un paso para contribuir al esclarecimiento de los hechos, también forma parte de una estrategia legal recurrente para buscar una reducción de la pena y dar por terminados los múltiples procesos que enfrenta desde hace años.
Una de las narrativas más persistentes del exalcalde ha sido la de presentarse como una víctima de la traición de sus colaboradores. Durante la audiencia, Rodríguez ofreció un consejo a los actuales gobernantes, implorándoles que “sepan escoger bien a sus colaboradores para no repetir mi historia”. Esta declaración es una referencia directa a su relación con el abogado Orlando Arciniegas Lagos, señalado por las autoridades como el “cerebro del desfalco” y condenado a 27 años de prisión. Sin embargo, la investigación judicial ha demostrado que la relación entre Rodríguez y Arciniegas era estrecha y que fue el exmandatario quien lo designó verbalmente para que acompañara el proceso de contratación. El exalcalde tenía la obligación legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución de los recursos, un deber que omitió sistemáticamente y que permitió el direccionamiento corrupto de los contratos.
El exalcalde insistió en que ha sido “injustamente acusado de apropiarse de más de $100.000 millones”. En su defensa, intentó minimizar su participación en el desfalco al recalcar que “la única suma de la que me apropié fueron $70 millones, y esa plata ya la devolví al Estado”. Esta declaración choca con el hecho de que el delito de peculado por apropiación, que implica precisamente el uso indebido de fondos públicos, fue excluido del preacuerdo original. La decisión del Tribunal Superior de tumbar dicho preacuerdo forzó a la Fiscalía a juzgar el caso en un proceso penal completo, donde el peculado volvió a ser el centro de la imputación. La inclusión de este cargo en el fallo actual valida la acusación de que el exalcalde no solo facilitó la corrupción, sino que se benefició directamente de ella, lo que desmantela su narrativa de “inocencia parcial” y lo confronta con la totalidad del daño causado.
El fallo condenatorio abarca un conjunto de delitos que reflejan la complejidad y el alcance de la red de corrupción. El cargo de interés indebido en la celebración de contratos sanciona la dirección de los procesos contractuales para favorecer a terceros, a cambio de coimas o dádivas. Por su parte, el contrato sin el lleno de requisitos legales se refiere a la omisión de los principios esenciales de la contratación pública como la legalidad, la planeación y la transparencia. El prevaricato por omisión se enfoca en el incumplimiento de los deberes del exalcalde para garantizar el correcto uso de los recursos, lo que permitió que se cometieran las irregularidades. Sin embargo, la inclusión del peculado por apropiación es la imputación de mayor peso, ya que establece un vínculo directo entre las acciones de Rodríguez y el detrimento patrimonial, demostrando que no solo fue un facilitador, sino un beneficiario directo del desfalco, lo que contradice su propia versión de los hechos y la narrativa de su defensa.
La decisión judicial no se limitó a un solo proceso; el sentido de fallo abarca varios de los contratos más emblemáticos del escándalo de los Juegos Nacionales. Entre ellos se encuentran el contrato de obra 074 de 2015 para las piscinas olímpicas, que presentaba anomalías como contrato sin requisitos legales, peculado a favor de terceros e interés indebido. Las investigaciones detallan que este contrato estaba plagado de irregularidades, como la subcontratación ilegal a una empresa que no cumplía los requisitos, la realización de modificaciones sin los estudios previos necesarios y pagos parciales irregulares a pesar de que no se habían instalado los sistemas eléctricos. Además, el fallo también cobija los diseños del estadio Manuel Murillo Toro, un proyecto que la Contraloría evidenció que presentaba anomalías como pagos por mayor valor respecto a los costos de ejecución, una práctica que comprometió la integridad de la obra.
La nueva condena penal es solo uno de los múltiples frentes judiciales y disciplinarios que el exmandatario ha tenido que enfrentar. La Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, lo suspendió por 12 meses, encontrando que su conducta omisiva causó un detrimento patrimonial superior a los $45,340 millones. Por su parte, la Contraloría también lo sancionó por la no terminación de varios de los escenarios, un fallo fiscal que en su momento ascendió a $33,758 millones, al que se sumó otro por $4,388 millones por anticipos no amortizados en el contrato 074. Actualmente, el exalcalde enfrenta al menos otros cuatro procesos adicionales relacionados con este mismo escándalo de corrupción. Esta compleja red de procesos en diferentes instancias del Estado demuestra la magnitud del caso y la dificultad para evadir la rendición de cuentas por completo.
En el contexto de las múltiples acusaciones, Luis H. Rodríguez expresó un temor real por su seguridad y la de su familia. El exmandatario afirmó que “la gente cree que tengo cifras astronómicas escondidas y eso, además de ser falso, nos pone en riesgo”, una declaración que refleja la intensa presión pública y la percepción de que la riqueza obtenida de manera ilícita aún está en su poder. Esta preocupación contrasta fuertemente con la sensación de desilusión de gran parte de la ciudadanía y las víctimas, que han criticado la lentitud de la justicia y la insuficiencia de las condenas previas. Para muchos, la primera pena de prisión obtenida a través del preacuerdo era “insuficiente frente a la magnitud del daño causado a la ciudad”. La percepción generalizada es que la justicia ha sido lenta y que las penas no han estado a la altura del daño masivo.
El desfalco de los Juegos Nacionales de 2015 ha dejado una huella indeleble en Ibagué, una ciudad que se vio “sumida en la vergüenza nacional” y que aún hoy sufre las consecuencias de la corrupción. Los proyectos inconclusos, como las piscinas olímpicas y el estadio Manuel Murillo Toro, son hoy considerados grandes “elefantes blancos”, un recordatorio tangible y permanente de los recursos desviados y las promesas rotas. La nueva condena contra el exalcalde Rodríguez es un capítulo crucial en esta dolorosa saga, pero no es el final. La historia de esta red de corrupción sigue en desarrollo y la ciudadanía de Ibagué está a la espera de un desenlace que finalmente haga honor a la justicia. El próximo 11 de diciembre, la justicia revelará la pena final que deberá pagar el exmandatario
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
