El Aeropuerto Perales de Ibagué se encuentra en el centro de una controversia de proporciones significativas, luego de que la Contraloría General de la República revelara un hallazgo fiscal por $3.395 millones debido a obras mal ejecutadas en la infraestructura, especialmente en la torre de control. Esta, construida por el consorcio Los Andes en 2014, presenta filtraciones y un deterioro prematuro que comprometen su funcionalidad y seguridad.
El informe de la Contraloría ha puesto bajo la lupa el contrato 14000149 OK de 2014, el cual inicialmente garantizaba la estabilidad y calidad de la obra. Sin embargo, las deficiencias detectadas han generado un fuerte cuestionamiento sobre la responsabilidad del consorcio integrado por AMR Construcciones, Civileza y Meyan SA, todas registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Este consorcio tenía asignado un presupuesto de $43.517.463 y un plazo de 660 días para completar la construcción.
Según un informe exclusivo de Las 2 Orillas, Meyan SA, una de las empresas del consorcio, ha enfrentado críticas recurrentes por incumplimientos en otros proyectos a nivel nacional. El Instituto Nacional de Vías (Invías) declaró su incumplimiento en la vía Lorica – San Bernardo del Viento, en Córdoba, exponiendo patrones deficientes en la ejecución de obras que han generado preocupación en diferentes regiones del país.
Además de los problemas operativos, Meyan SA estuvo involucrada en el escándalo de corrupción del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, lo que ha aumentado la presión sobre la empresa y sus prácticas empresariales en proyectos públicos. Hasta el momento, no se han anunciado sanciones ni multas contra las empresas responsables por las fallas en el Aeropuerto Perales, a pesar de la gravedad de las deficiencias y los impactos financieros reportados. Esta falta de acciones punitivas ha suscitado críticas y dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión en proyectos de infraestructura crítica en Colombia.
El Aeropuerto Perales, siendo el principal del Tolima, enfrenta un desafío crucial para restaurar la confianza pública y garantizar la integridad estructural de sus instalaciones. La calidad de sus infraestructuras es vital para la operación aérea en la región, lo que subraya la urgencia de tomar medidas correctivas transparentes y efectivas para evitar riesgos futuros y asegurar la seguridad de los usuarios y operadores del aeropuerto.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la reputación del consorcio Los Andes y sus empresas integrantes, sino que también destaca la necesidad imperativa de una revisión exhaustiva de los procedimientos de supervisión y control que deberían garantizar la ejecución adecuada de proyectos de infraestructura pública en el país.