Un juzgado colombiano condenó a siete empresarios de la multinacional y otras bananeras por financiar a las AUC en el Magdalena Medio. Además, deberán pagar una multa de $13.800 millones como sanción económica.
En un fallo sin precedentes en la justicia colombiana, un juzgado condenó a siete altos ejecutivos vinculados a Chiquita Brands y otras empresas bananeras a 11 años de prisión por haber financiado a grupos paramilitares entre las décadas de 1990 y 2000. La decisión judicial también impuso una multa de 13.800 millones de pesos.
Los condenados incluyen al contralor, al exasesor jurídico, al jefe de seguridad y a representantes legales de las compañías involucradas, quienes fueron hallados responsables de participar en una estructura criminal orientada a sostener financieramente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.
La jueza Diana Lucía Monsalve, encargada del proceso, aseguró que los ejecutivos utilizaron canales legalmente constituidos, como las asociaciones Convivir, para encubrir pagos ilícitos. Según la Fiscalía, en solo tres años se realizaron al menos 18 transacciones por un monto superior a $1.400 millones.
“Las Convivir fueron empleadas como fachada para legalizar la financiación de las AUC, con conocimiento pleno por parte de los directivos de estas empresas”, afirmó la jueza durante la audiencia de lectura del fallo. La decisión marca un hito en los procesos judiciales relacionados con la complicidad empresarial en el conflicto armado colombiano.
Aunque el caso había sido conocido desde 2007, cuando Chiquita Brands fue sancionada en Estados Unidos por más de 100 pagos ilegales a las AUC, en Colombia no se habían establecido responsabilidades penales hasta ahora. En ese entonces, la multinacional pagó una multa de 25 millones de dólares e indemnizó a algunas víctimas del conflicto.
La sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad empresarial y en el reconocimiento del rol que actores económicos jugaron en el conflicto armado interno. Las pruebas recolectadas por la Fiscalía permitieron establecer un patrón sistemático de apoyo financiero a estructuras armadas ilegales.
Organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo como un acto de justicia largamente esperado. Sin embargo, advirtieron que aún falta ampliar las investigaciones a otros sectores y empresas que pudieron haber tenido vínculos similares durante los años más crudos del conflicto.
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