La gerente del IBAL, Érika Palma, ha sido sancionada con cuatro días de arresto y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos, junto con Harold Rodríguez, director Operativo del IBAL, por desacato a un fallo de tutela que les ordenaba cumplir con la reposición de redes de alcantarillado en el barrio Ricaurte parte baja de Ibagué.
El caso se originó a raíz de la acción de tutela interpuesta por Jorge Eliecer Pérez Bonilla para proteger los derechos fundamentales de su madre, Eloisa Bonilla, cuya vivienda resulta inundada con frecuencia debido al desbordamiento de las redes de alcantarillado en el sector mencionado. A pesar de que el fallo judicial a favor de Pérez Bonilla se emitió en octubre de 2023, el IBAL no ha cumplido con la orden hasta la fecha.
El IBAL tenía un plazo de cuatro meses para llevar a cabo las obras de reposición de las redes de alcantarillado, el cual venció en febrero de este año. Ante la persistente falta de cumplimiento, se interpuso un incidente por desacato que fue admitido por un juez el pasado abril. A pesar de la orden judicial para iniciar las obras en un plazo de 48 horas, la empresa se ha negado a acatarla, argumentando falta de personal.
Esta no es la primera vez que la gerente Érika Palma enfrenta sanciones judiciales por desacato. En esta ocasión, junto con el director Harold Rodríguez, deberán cumplir los cuatro días de arresto en el Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué. El caso evidencia la persistente problemática en la ejecución de obras de infraestructura básica en la ciudad, lo que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
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