El Juzgado Séptimo Civil Municipal impuso una sanción a Johana Aranda por incumplir una tutela relacionada con un desalojo irregular en el corregimiento de Totumo. La medida también incluye una multa de dos salarios mínimos.
El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué sancionó con dos días de arresto a la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera, al considerar que incurrió en desacato a una orden judicial emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito. La mandataria deberá cumplir la sanción en las instalaciones del comando de la Policía del Tolima y pagar una multa equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes.
La decisión judicial se deriva de una tutela promovida por Hernando Ibarra Gómez, quien alegó violación a su derecho al debido proceso en medio de un procedimiento de desalojo efectuado en el corregimiento de Totumo. Según la defensa, el procedimiento fue adelantado de forma irregular, ya que fue ejecutado mientras el corregidor titular, Hermes Zapata, se encontraba en vacaciones.
Pese a los reiterados requerimientos judiciales, la Secretaría de Gobierno de Ibagué, entonces bajo la dirección de Leandro Vera Rojas, no cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela en segunda instancia. Esto motivó la apertura de un incidente de desacato y, posteriormente, la imposición de sanciones.
En la providencia del 10 de julio de 2025, el juzgado evidenció que la administración municipal no adoptó acciones efectivas para acatar la sentencia, incurriendo en omisiones que prolongaron la vulneración de derechos. Además, se concluyó que las respuestas remitidas por la Alcaldía no desvirtuaron el incumplimiento.
El juez Fabián Leonardo Ramírez Celis, quien profirió la decisión, explicó que el desacato no es solo una falta administrativa, sino una violación al orden constitucional que debe ser sancionada para garantizar la autoridad de las decisiones judiciales y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El incidente fue tramitado conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, que exige que toda sanción por desacato esté precedida por un debido proceso, se escuchen los descargos y se valoren las pruebas antes de adoptar una medida restrictiva de la libertad o sancionatoria.
El abogado Néstor Mora, representante del accionante, aseguró que este caso es apenas una muestra de las irregularidades en los procesos administrativos que ha ejecutado la actual administración. Anunció nuevas acciones legales, incluyendo una demanda por responsabilidad disciplinaria y patrimonial contra los funcionarios implicados.
La sanción contra la alcaldesa Aranda fue notificada formalmente a las partes, y se remitirá en consulta a una instancia superior, aunque ello no suspende su aplicación inmediata. El juzgado también ordenó consignar el valor de la multa en una cuenta del Banco Agrario destinada al recaudo judicial.
Este fallo se suma a otros episodios recientes que han puesto en entredicho la actuación jurídica y administrativa de la Alcaldía de Ibagué. La sanción por desacato se interpreta como un fuerte llamado de atención sobre la obligación de cumplir las decisiones judiciales sin dilaciones ni evasivas.
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