El juez de Ibagué impuso una sanción de arresto domiciliario y multa al rector y al vicerrector de la Universidad del Tolima por no cumplir con una orden judicial relacionada con el reclamo pensional de un docente. El incumplimiento de la universidad ante un fallo judicial de 2025 derivó en la acción de desacato.
Un juez de Ibagué ha ordenado el arresto domiciliario del rector de la Universidad del Tolima, Omar Albeiro Mejía Patiño, y del vicerrector administrativo y financiero, Mario Ricardo López, luego de que ambos incumplieran una sentencia judicial en la que se ordenaba el pago de pensiones a un docente. El caso fue liderado por Alexander Espinosa Triana, un profesor vinculado a la institución desde 1998, quien llevaba más de cuatro años exigiendo el reconocimiento y pago de tres años de cotización pensional que la universidad omitió cancelar. En 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor del docente, pero la universidad no cumplió con la orden de pagar los montos adeudados.
Frente al silencio administrativo, Espinosa presentó un derecho de petición el 12 de septiembre, pidiendo el cumplimiento del fallo. Sin embargo, la Universidad del Tolima no respondió a su solicitud, lo que obligó al docente a recurrir a una acción de tutela. El 7 de octubre, un juez ordenó a la universidad responder en un plazo de 48 horas, pero esa orden también fue ignorada. Ante este nuevo incumplimiento, Espinosa presentó un incidente de desacato ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, lo que derivó en la sanción de los directivos.
El juzgado determinó que los directivos incurrieron en desacato, señalando que no hubo justificación ni acciones para cumplir el fallo. La decisión evidenció lo que se calificó como una actuación «pasiva y negligente» frente al derecho fundamental de petición del docente. Como consecuencia, la sanción impuesta incluye una multa equivalente a un día de salario mínimo legal vigente y tres días de arresto domiciliario para los directivos involucrados.
El juzgado recordó que la finalidad del incidente de desacato no es punitiva, sino garantizar el cumplimiento de las sentencias de tutela y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. A pesar de la gravedad de la sanción, hasta el cierre de la publicación, la Universidad del Tolima no había emitido un comunicado oficial sobre la decisión judicial. La comunidad universitaria espera una respuesta formal de la institución sobre los próximos pasos para cumplir con lo ordenado.
Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad académica, ya que pone en evidencia fallas en la gestión administrativa y en el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de la universidad. La falta de acción por parte de los directivos ante un reclamo legítimo de un docente ha desencadenado una situación que podría tener repercusiones tanto en la reputación de la institución como en el bienestar de sus empleados.
