El Consejo de Estado confirmó el fallo que obliga a la Alcaldía de Ibagué y a la Policía Metropolitana a desalojar el asentamiento “Villa Resistencia” y recuperar el lote ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar, tras evidenciar afectaciones a la seguridad y al medio ambiente.
El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la orden de desalojar el asentamiento conocido como “Villa Resistencia”, ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar de Ibagué. La decisión obliga al Municipio y a la Policía Metropolitana a ejecutar acciones concretas para recuperar el predio invadido.
La providencia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Alcaldía de Ibagué contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que había protegido los derechos colectivos de los residentes de las manzanas 77 a 83 de la tercera etapa del sector.
La acción judicial fue promovida por habitantes del área, quienes denunciaron que el asentamiento ilegal habría incrementado los hurtos, el expendio de estupefacientes y la ocupación indebida del espacio público. Además, señalaron afectaciones ambientales como deforestación y deterioro del entorno.
El alto tribunal determinó que, aunque las autoridades adelantaron operativos y trámites administrativos, estos no resultaron suficientes para frenar nuevas ocupaciones ni para lograr la recuperación integral del terreno. Por ello, confirmó las órdenes impartidas en primera instancia.
Entre las medidas establecidas se ordena actualizar el censo de las personas asentadas en el predio y, posteriormente, iniciar el proceso de desalojo en articulación con la Policía Metropolitana, Cortolima, la Fiscalía y demás entidades competentes. El plazo máximo fijado para cumplir estas acciones es de seis meses.
Asimismo, la sentencia exige la realización de operativos periódicos contra posibles estructuras delincuenciales que operen en la zona. También ordena implementar vigilancia permanente para evitar nuevas invasiones una vez se recupere el lote.
El fallo incluye la formulación de un proyecto de espacio público recreativo en el terreno, con el propósito de garantizar su uso comunitario y prevenir futuras ocupaciones ilegales. La recuperación ambiental será parte esencial de la intervención institucional.
Con la decisión en firme, el Municipio y la Policía deberán ejecutar el desalojo bajo supervisión judicial. Un comité de verificación hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes, en busca de restablecer la seguridad, el espacio público y el equilibrio ambiental en la zona afectada.
