Colectivos sociales, sindicales y veedurías ciudadanas radicaron una denuncia ante la Personería Municipal por el incremento del 13,8 % en la tarifa del transporte público urbano, al considerar que vulnera derechos fundamentales, supera el IPC y profundiza la desigualdad social en la ciudad.
Organizaciones sociales, sindicales y veedurías ciudadanas presentaron una denuncia formal ante la Personería Municipal de Ibagué por el incremento del 13,8 % en la tarifa del transporte público urbano. Los firmantes calificaron el ajuste como desmedido y no concertado. Según el documento, la medida afecta de manera directa a los sectores más vulnerables. La denuncia sostiene que el aumento no tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Además, advierte impactos sociales, económicos y ambientales. El pronunciamiento fue respaldado por múltiples colectivos. La controversia se centra en el carácter unilateral del alza. El debate ya genera reacciones en distintos sectores de la ciudad.
Uno de los puntos críticos expuestos es el impacto del incremento en la informalidad del transporte. De acuerdo con la denuncia, el alto crecimiento del transporte ilegal podría verse agravado con el aumento tarifario. Esta situación desincentiva el uso del bus como medio formal de movilización. A su vez, promueve el incremento del uso de motocicletas y vehículos particulares. Las organizaciones alertan sobre un deterioro en la movilidad urbana. También advierten un impacto negativo en la calidad del aire. El aumento del parque automotor informal genera mayores riesgos viales. La ciudad podría enfrentar mayores niveles de congestión.
El documento señala que el incremento en la tarifa supera ampliamente el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que se ubicó en 5,1 %. Según los denunciantes, esta diferencia evidencia la desproporcionalidad del ajuste. El alza obliga a los hogares a destinar más recursos al transporte. Esto afecta la capacidad de cubrir otras necesidades básicas. El impacto es mayor en los estratos más bajos. Las familias deben reorganizar sus gastos mensuales. El transporte se convierte en una carga económica adicional. La medida profundiza las brechas sociales existentes. El reclamo se enfoca en la falta de equidad.
Las organizaciones también advierten que el transporte público es un servicio esencial para la población. El aumento, aseguran, dificulta el acceso de los ciudadanos a sus lugares de trabajo. De igual forma, limita la asistencia a centros educativos. Esta situación afecta especialmente a estudiantes y trabajadores de bajos ingresos. En una ciudad con una tasa de desempleo cercana al 9,4 %, el impacto es mayor. La falta de ingresos estables agrava la situación. El costo del pasaje se convierte en una barrera. La denuncia alerta sobre un retroceso en derechos sociales. La movilidad deja de ser accesible para todos.
En el escrito radicado, la veeduría del transporte y las vías afirma que el alza vulnera derechos fundamentales. Entre ellos, mencionan el derecho a la movilidad y al acceso al transporte. También señalan afectaciones a la dignidad humana y a la igualdad. El documento menciona el derecho a la libre circulación. Asimismo, se hace referencia al derecho a un nivel de vida adecuado. Las organizaciones consideran que la medida va en contra de la justicia social. El aumento es calificado como arbitrario. La denuncia plantea que no se garantiza un servicio digno. La ciudadanía queda en desventaja.
Otro aspecto señalado es la relación entre el alza tarifaria y la calidad del servicio. Según las organizaciones, el incremento no ha estado acompañado de mejoras verificables. Se mencionan problemas de frecuencia, cobertura y seguridad. También se cuestiona el estado de algunos vehículos. Los denunciantes sostienen que no hay avances reales en el sistema. El aumento, afirman, beneficia principalmente a las empresas operadoras. Mientras tanto, los usuarios no perciben mejoras. La falta de modernización genera inconformidad. El servicio no cumple con las expectativas ciudadanas.
Ante este panorama, los colectivos firmantes solicitaron la intervención de varias autoridades. Pidieron a la Personería Municipal revisar la legalidad del aumento. También solicitaron acciones de la Superintendencia de Transporte. Las organizaciones reclaman un análisis de la proporcionalidad del alza. Exigen evaluar los efectos sociales y económicos de la medida. Asimismo, piden medidas de protección para los usuarios. La intervención institucional es considerada urgente. El llamado es a garantizar derechos fundamentales. Se busca frenar impactos negativos en la ciudad.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su rechazo al incremento y exigieron un diálogo real con la comunidad. Insistieron en la necesidad de concertación y transparencia. Consideran que las decisiones sobre tarifas deben incluir a los usuarios. El pronunciamiento advierte que el conflicto podría escalar. La ciudadanía reclama un transporte digno y accesible. El debate sobre el modelo de movilidad continúa abierto. Las autoridades deberán pronunciarse en los próximos días. El tema ya ocupa la agenda pública local. La discusión marca un nuevo capítulo en la movilidad de Ibagué.
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