La Procuraduría General de la Nación requirió al rector del Conservatorio de Música del Tolima por reportes sobre un posible acto proselitista en sus instalaciones y reiteró que los bienes públicos no pueden emplearse en actividades electorales.
La Procuraduría General de la Nación envió un requerimiento formal al rector del Conservatorio de Música del Tolima, James Enrique Fernández Córdoba, por el presunto uso de ese escenario académico para actividades de carácter político.
La actuación disciplinaria preventiva se originó luego de reportes que señalan que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habría desarrollado en esas instalaciones un evento relacionado con su campaña para las elecciones previstas en mayo de 2026.
En el documento, el ente de control recordó que los recursos estatales no deben “resultar comprometidos con un uso inadecuado de bienes públicos”, subrayando la responsabilidad de las directivas de garantizar que los espacios institucionales no sean utilizados con fines proselitistas.
La Procuraduría también enfatizó en la obligación de asegurar la imparcialidad de los servidores públicos durante el proceso electoral, advirtiendo que cualquier actuación que pueda interpretarse como favorecimiento político compromete la transparencia democrática.
Entre las recomendaciones elevadas, el órgano de control destacó la necesidad de “preservar la igualdad en la contienda electoral” y de mantener la confianza ciudadana en los procesos democráticos, especialmente en escenarios financiados con recursos públicos.
El requerimiento incluye la instrucción de abstenerse de permitir este tipo de prácticas en el futuro y de adoptar medidas concretas para evitar que bienes públicos sean utilizados como plataformas para campañas electorales.
Asimismo, se advierte sobre la obligación de “abstenerse de llevar a cabo actividades proselitistas” dentro de instalaciones oficiales y de velar por la neutralidad institucional, mediante la implementación de controles internos eficaces.
Finalmente, la Procuraduría dejó claro que el cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para garantizar reglas claras en la contienda electoral y evitar eventuales responsabilidades disciplinarias derivadas del uso indebido de espacios públicos.
