El veedor Henry Cortés alertó sobre una grave crisis sanitaria en Arboleda del Campestre, Ibagué, donde más de 10.000 residentes estarían consumiendo agua no apta para el consumo. Cortés, apoyado por expertos universitarios, exige el cierre inmediato de la planta de tratamiento, a la que llama la “planta de la muerte”, señalando que el agua tratada podría provenir de aguas residuales y que ya ha causado afecciones cutáneas y gastrointestinales, incluso requiriendo UCI. Cuestionó la inacción de la Alcaldía y los reportes oficiales que aseguran la potabilidad.
Una fuerte denuncia por presuntos delitos contra la salud pública y de lesa humanidad sacude a Ibagué, tras las declaraciones de Henry Cortés Ortegón, veedor ciudadano y representante de la Unión de Veedurías de Agua Potable por Ibagué (UBA PAPI). Cortés expuso serias irregularidades en la operación de la planta de tratamiento de agua potable en el sector de Arboleda del Campestre. Sus declaraciones se producen luego de un fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito que ordenó a la alcaldesa Johana Aranda pronunciarse sobre las denuncias de contaminación.
Cortés señaló que el agua suministrada a más de 10.000 habitantes de la zona no cumple con las condiciones mínimas de potabilidad, según confirmaron expertos de las universidades del Valle y del Tolima. Esta situación, en opinión de la comunidad y del veedor, constituye un riesgo inminente para la salud que las autoridades locales parecen estar desatendiendo.
La controversia se centra en la grave acusación de que la planta estaría “reciclando agua de alcantarilla” para el consumo humano. Cortés indicó que estudios de la Universidad Nacional habrían confirmado la presencia de aguas residuales, específicamente del hospital Federico Lleras, mezclándose con el suministro destinado a los hogares, lo que representa un “delito de lesa humanidad” para los afectados.
El veedor ha exigido la suspensión inmediata del funcionamiento de la instalación, refiriéndose a ella como la “planta de la muerte”. “Si tiene un poco de respeto por la comunidad de los más de 500.000 habitantes de la ciudad, y principalmente aquí en Arboleda del Campestre, donde se está cometiendo un delito de lesa humanidad, entonces, que suspendan la planta de Arboleda del Campestre, la planta de la muerte”, enfatizó.
Como evidencia de las consecuencias directas, Cortés informó sobre el registro de casos de residentes con afecciones cutáneas y gastrointestinales, algunos tan graves que han requerido atención en unidades de cuidados intensivos (UCI). Estos reportes sugieren una clara correlación entre la calidad del agua y el deterioro de la salud en el sector.
El representante de la veeduría cuestionó abiertamente los informes del IBAL y de la Superintendencia de Servicios Públicos que aseguran la calidad del agua. Argumentó que las pruebas realizadas son insuficientes, ya que no incluyen el análisis del agua cruda, un elemento fundamental para determinar su origen real y nivel de contaminación.
Cortés también denunció irregularidades en la documentación técnica, indicando que el mapa de riesgo de la planta se elaboró de forma extemporánea, tres años después de que la instalación estuviera en funcionamiento. Señaló que este documento esencial podría contener información falseada que no se ajusta a la realidad de la operación.
Insistió en que la Alcaldía de Ibagué debe cumplir la orden judicial y actuar de inmediato ante lo que calificó como una crisis de salud pública. Recordó que la Juez le recordó a la mandataria local su competencia para coordinar acciones con las secretarías de Salud, Planeación y Gestión del Riesgo para abordar la problemática.
“Esperamos que la alcaldesa cumpla la orden, y esperamos que cierre la planta de la muerte, la planta donde reciclan agua de alcantarilla, porque si estamos equivocados, entonces han hecho un logro para la humanidad, lograr reciclar agua de alcantarilla para el consumo humano”, concluyó Cortés con un tono de urgencia.
Finalmente, advirtió que la omisión en tomar medidas validaría un procedimiento que pone en peligro la vida de la población al tratar como potable un recurso que proviene de aguas residuales, demandando una respuesta clara y urgente para esta crítica situación que afecta a miles de personas.
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