He callado y he aguantado durante mucho tiempo, sintiendo el silencio como una bolsa de plástico que asfixia mi cuello. Pero esa bolsa se ha roto. Ya es hora de que se caiga el velo y se le abran los ojos a esta ciudad frente a más de un estafador y bandido que camina impune, oculto tras una careta de doble moral.
Mi calvario comenzó en 2018. Tras mi salida de un proyecto periodístico —donde me hicieron «el feo» por insistir en que nuestra labor era contar historias útiles para el ciudadano y no hacer relaciones públicas—, me enfrenté a la soledad del oficio. En lugar de apoyo, recibí burlas y represalias. Fue una época oscura, marcada por un tormentoso contrato en la Alcaldía que nunca se pagó y el descubrimiento de actos de corrupción que cambiaron mi vida. Aprendí a las malas que ser periodista en esta región es ir a la guerra con un alfiler contra un arsenal. Sufrí depresión, ansiedad y desesperación; enfrentarse a los poderosos es una osadía que se paga con la salud mental.
Fue entre 2018 y 2019 cuando destapé la olla podrida: un alto funcionario del gobierno, muy amigo del Presidente, junto con una familia-empresa, estafaron a más de 160 familias en el proyecto de vivienda Balcones de Santa Cecilia. Fui el único periodista que acudió al llamado de Diana Mantilla, una valiente víctima que citó a todos los medios, pero solo encontró mi grabadora y mi libreta.
Al publicar la investigación en La Otra Verdad, se desató el infierno. Buscaron deslegitimar mi nombre y mi honra. Incluso, quienes eran mis «socios» políticos intentaron hacerme un juicio político para silenciarme. Me negué rotundamente. Para mí, la corrupción no tiene color político; se rechaza, venga de donde venga. La respuesta a mi ética fue el terror: coronas fúnebres en mi casa, panfletos, mensajes amenazantes y un sujeto fotografiando la casa de mi madre a las 2:00 de la mañana, provocándole un preinfarto que casi le cuesta la vida. Esas fueron las consecuencias de investigar a la familia Hincapié. Años después, la justicia sigue cojeando y esas familias siguen sin hogar.
Hoy, la historia se repite con más sevicia. Marco Hincapié (hijo), un delfín político cuya única trayectoria es su apellido y quien aspira a la Cámara, ha desencadenado presuntamente una retahíla de descréditos contra mi buen nombre. No lo hace solo; ha instrumentalizado a su equipo. Denuncio públicamente que Sebastián Amézquita, miembro de su equipo político, me ha enviado amenazas de muerte por Facebook e intimidaciones sistemáticas.
La justicia no actúa, sigue inmóvil. Y la presión ha llegado al punto de fracturar mi propio medio: mi co-equipero, seducido por la promesa de una pauta política que nunca llegará, ha considerado bajar mis comunicados y banearme, poniendo en vilo la continuidad de este proyecto periodístico.
Pero he aprendido que nada vale más que la vida y que ninguna coyuntura política puede estar por encima de la verdad. Como decía Ryszard Kapuściński: «Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas» Aunque nos quieran matar, seguiremos fieles a ese principio.
Como sé que la justicia es lenta y las consecuencias pueden ser fatales, dejo esta columna como constancia ante la opinión pública: Si algo me sucede a mí, a mi familia o a algún miembro de mi equipo de trabajo, responsabilizo como ÚNICOS AUTORES a la familia Hincapié, a su hijo y a su equipo de campaña.
Pueden seguir criticando y desvirtuando lo que digo. Nunca busqué aplausos, solo quise brindar un servicio social: darle voz a las injusticias. Y aquí sigo, perseguido, pero de pie, por el simple «delito» de decir la verdad.
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