En medio de la cuenta regresiva para el cierre del año, la falta de acuerdo en torno al aumento del salario mínimo en Colombia mantiene a diversos sectores en vilo. La semana pasada concluyó sin avances significativos en la mesa de negociación compuesta por representantes del Gobierno, sindicatos y empresarios, a pesar de intensas jornadas de discusión.
Aunque el plazo original expiró el 15 de diciembre, la ley concede a la mesa de concertación laboral hasta el 30 de diciembre para alcanzar un acuerdo que permita expedir el decreto con el aumento salarial, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2024.
Las propuestas sindicales abogan por un aumento del 18%, mientras que los empresarios argumentan su inviabilidad, sugiriendo que el incremento debería ajustarse a la tasa de inflación. Hasta ahora, el sector empresarial no ha presentado una contraoferta, enfocándose en la búsqueda de consenso.
Centros de estudios económicos, como Anif, advierten sobre los posibles efectos de seguir la propuesta sindical, alertando que podría presionar al alza los precios y ralentizar la política monetaria. Ante la ausencia de soluciones en los próximos días, la responsabilidad recaerá en el Gobierno, que deberá definir por decreto el aumento para cerca de dos millones de colombianos que perciben el salario mínimo.
A pesar de las tensiones, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, muestra optimismo al destacar un ambiente propicio en la mesa de negociación. Sin embargo, persisten las críticas, y el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, sostiene que será difícil llegar a un acuerdo sin una mayor participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Mientras el Gobierno expresa su compromiso de lograr un aumento equitativo y justificado para mantener la estabilidad macroeconómica, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresa su malestar por no haber sido invitada a la mesa de discusión, cuestionando la representación de sectores minoritarios poco representativos en el sector privado. En una carta, la CGT expone su decepción ante la falta de consenso y la aparente ausencia de disposición para llegar a un acuerdo salarial para el año 2024
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