El Gobierno de Gustavo Petro formalizó mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 el estado de emergencia económica y social en Colombia por 30 días, sin detallar impuestos específicos aún, ya que estos se emitirán en decretos legislativos posteriores sujetos a revisión de la Corte Constitucional y el Congreso, con el fin de cubrir un déficit de 16 billones de pesos en el presupuesto 2026, aunque persisten dudas sobre su constitucionalidad al no tratarse de eventos imprevistos.
El presidente Gustavo Petro, junto a su gabinete, firmó el Decreto 1390 de 2025 este lunes, declarando el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional por un período de 30 días calendario. Esta medida responde a la “inminente crisis fiscal” derivada del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, combinada con factores como el déficit presupuestal de 16 billones de pesos para 2026. Contrario a expectativas iniciales, el decreto no incluye impuestos específicos, ya que estos se desarrollarán en decretos legislativos subsiguientes con fuerza de ley. El texto enfatiza que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para conjurar la crisis y evitar su extensión, incluyendo operaciones presupuestales. Fuentes oficiales indican que esta declaratoria permite al Ejecutivo actuar con celeridad ante el hueco fiscal. Sin embargo, expertos cuestionan su validez constitucional, argumentando que los eventos citados no son “sobrevivientes” o inesperados como exige la Carta Magna.
En el decreto se establece que los decretos legislativos pasarán a revisión inmediata de la Corte Constitucional para verificar su constitucionalidad, y el Congreso será convocado para ejercer control político 10 días después de finalizada la emergencia. Esta disposición busca garantizar transparencia y equilibrio de poderes en el uso del estado de excepción. El Gobierno argumenta que la no aprobación de la ley de financiamiento, junto a presiones económicas preexistentes, justifica la medida excepcional. Analistas destacan que, aunque el hundimiento de la reforma era previsible, el Ejecutivo lo presenta como una concatenación de factores críticos. El texto reseña la necesidad de medidas exclusivas para mitigar efectos, sin detallar aún gravámenes. Esta estrategia permite al presidente Petro expedir normas con fuerza legal temporalmente, evitando dilaciones legislativas.
La declaratoria surge tras el fracaso de la reforma tributaria, que buscaba recaudar recursos para el presupuesto nacional, dejando un vacío que amenaza la estabilidad fiscal. El Gobierno Petro ha enfatizado que sin estas facultades extraordinarias, el país enfrentaría un colapso económico inminente. El decreto, publicado en la noche del lunes, marca un giro en la estrategia fiscal, recurriendo a herramientas constitucionales para imponer impuestos vía decretos posteriores. Críticos opositores argumentan que esto elude el debate democrático en el Congreso, donde la propuesta original fue rechazada. Fuentes ministeriales defienden que la emergencia es proporcional a la crisis, citando precedentes históricos. Persisten interrogantes sobre si eventos como el rechazo legislativo califiquen como “inesperados” bajo la Constitución de 1991.
Durante los 30 días de vigencia, el Ejecutivo podrá emitir decretos con fuerza de ley para recaudar los 16 billones necesarios, posiblemente gravando sectores como licores, juegos de azar y entidades financieras. Aunque el decreto inicial no especifica tributos, anticipa medidas destinadas a “conjurar la crisis”. Esto incluye ajustes presupuestales para cubrir el déficit heredado del rechazo a la ley de financiamiento. Expertos jurídicos advierten que la Corte Constitucional podría declarar inexequible la emergencia si no se demuestra imprevisibilidad. El Gobierno planea convocar al Congreso post-emergencia para revisión política, cumpliendo con mandatos constitucionales. Esta acción representa un desafío para la oposición, que califica la medida de autoritaria.
Reacciones políticas han sido polarizadas: simpatizantes de Petro ven la emergencia como necesaria para salvaguardar programas sociales, mientras críticos la tildan de abuso de poder. En redes sociales, hashtags como #EmergenciaEconomica y #DecretosPetro dominan debates sobre su impacto en la economía. El decreto resalta la urgencia fiscal, pero genera incertidumbre en mercados financieros ante posibles nuevos impuestos. Analistas económicos prevén que los decretos subsiguientes focalicen en gravámenes progresivos a altos ingresos. La oposición prepara demandas ante la Corte para cuestionar su legalidad. Este episodio subraya tensiones entre Ejecutivo y Legislativo en la gestión fiscal colombiana.
La Corte Constitucional tendrá un rol clave en validar o rechazar los decretos emitidos bajo esta emergencia, con revisiones automáticas para asegurar apego a la Carta Magna. El Gobierno argumenta que factores como la inflación y el déficit eran previsibles, pero su combinación crea una crisis inminente. El texto del decreto invoca el artículo 215 de la Constitución, reservado para perturbaciones graves al orden económico. Opositores como el Centro Democrático exigen claridad sobre los impuestos venideros. Esta medida podría influir en la calificación crediticia del país si no se resuelve el déficit. Futuras actualizaciones dependerán de los decretos legislativos anunciados.
En contexto histórico, presidentes anteriores como Duque recurrieron a emergencias similares durante la pandemia, estableciendo precedentes para acciones fiscales excepcionales. Petro defiende que esta declaratoria evita un default soberano y protege inversiones sociales. Dudas constitucionales se centran en si el hundimiento de la reforma tributaria era “esperado”, invalidando la emergencia. El Congreso, convocado post-vigencia, podría modificar o derogar los decretos emitidos. Economistas sugieren que los 16 billones se recaudarán vía impuestos selectivos sin afectar clases medias. Este desarrollo marca un punto crítico en la agenda económica del Gobierno del Cambio.
Finalmente, la emergencia económica posiciona al Gobierno Petro para reformas fiscales rápidas, pero expone riesgos judiciales y políticos si se declara inconstitucional. El decreto 1390 inicia un período de 30 días de facultades extraordinarias, con expectativas en los impuestos por venir. Comunidades empresariales expresan preocupación por posibles cargas tributarias. Analistas prevén debates intensos en el Congreso durante el control político. Esta medida resalta desafíos fiscales persistentes en Colombia. Futuros decretos definirán el impacto real en la economía nacional.
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