Durante un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que, si el Senado no aprueba la consulta popular en un mes, la convocará por decreto, respaldado por lo estipulado en la ley. El Gobierno insiste en que la iniciativa no busca legislar, sino poner temas claves en la agenda pública.
Durante el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de abril, el presidente Gustavo Petro afirmó que, si el Senado de la República no aprueba o no se pronuncia sobre la consulta popular en un plazo de 30 días, la convocará por decreto. Según el mandatario, esta medida estaría respaldada por la ley, que le permite actuar en caso de inacción legislativa, lo que ha generado una nueva polémica en torno a la separación de poderes y el uso de mecanismos de participación directa.
“El tiempo nos da para que discuta el Senado en sus 30 días. Si no aprueban o no se pronuncian, entonces el presidente por decreto convoca la consulta”, expresó Petro ante sus ministros. La iniciativa, que ha sido cuestionada por diversos sectores políticos y jurídicos, plantea una ruta alternativa para llevar a las urnas una serie de preguntas con alto contenido político y social, en caso de que el Congreso no avance en su trámite.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la postura presidencial y explicó que hay dos escenarios en los que la consulta se realizaría: si el Senado la aprueba, o si no se pronuncia en el tiempo estipulado. En cambio, si el Senado la niega formalmente antes del vencimiento del plazo, no se convocaría. Esta explicación busca clarificar las rutas jurídicas que el Gobierno planea utilizar, en un momento de creciente tensión institucional.
Benedetti también señaló que, una vez se apruebe la consulta por cualquiera de las dos vías, el presidente tendrá tres meses para convocar a los ciudadanos a las urnas. De lograrse ese objetivo, el Gobierno dispondría de 15 días para conformar los comités promotores del “sí” y dar inicio a la campaña. La consulta sería entonces sometida al voto popular, con un umbral de participación y aprobación definido por la ley.
Una de las principales críticas a la propuesta del Gobierno es que pretende legislar a través de una consulta popular, lo cual sería inconstitucional. Sin embargo, el ministro Benedetti aseguró que el objetivo no es crear leyes directamente, sino abrir un debate nacional sobre temas que, según él, el Congreso ha ignorado. “Nosotros estamos preguntando sobre asuntos, no para que se adopten normas”, sostuvo el jefe de la cartera política.
El ministro también justificó la simplicidad de las preguntas propuestas, asegurando que fueron construidas para facilitar la comprensión ciudadana y porque ya habían sido rechazadas por el Congreso, particularmente por la Comisión Séptima del Senado. Según Benedetti, muchas de las preguntas han sido tildadas de “obvias” o “bobas”, pero responden a un reclamo social que ha sido sistemáticamente ignorado por el legislativo.
Benedetti fue enfático en que el Congreso no podrá modificar el contenido de las preguntas una vez sean presentadas. “El Senado solo puede estudiar su viabilidad, no tocarlas. Esto va del 1 de mayo al 1 de junio”, explicó, haciendo referencia al periodo que tiene el Senado para pronunciarse. Esta aclaración busca evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance del control legislativo frente a este mecanismo de participación.
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En cuanto a los efectos legales de la consulta, el Gobierno indicó que cada pregunta necesitará al menos 13.6 millones de votos afirmativos, equivalentes a las dos terceras partes del censo electoral. Si se logra ese umbral, las preguntas regresarán al Congreso, donde los legisladores tendrán dos periodos constitucionales para convertirlas en normas. De no hacerlo, el presidente podría expedir decretos-ley, cerrando así el ciclo.
Esta advertencia de Petro representa una presión directa sobre el Congreso, al que acusa de no legislar en favor de las mayorías. La estrategia gubernamental ha sido vista por analistas como una forma de movilizar la base social del Gobierno, mientras sortea las dificultades políticas que enfrenta en el legislativo. Sin embargo, también plantea riesgos institucionales si se percibe como una extralimitación del poder presidencial.
El anuncio ha generado divisiones tanto en la opinión pública como entre constitucionalistas, algunos de los cuales han advertido que el presidente no puede usar la consulta como herramienta para gobernar sin el Congreso. Mientras tanto, el país espera el desenlace del debate en el Senado y si este ejercerá su función deliberativa o permitirá que el presidente avance por la vía del decreto.
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