El presidente Gustavo Petro logra la aprobación de su reforma laboral y, en paralelo, propone convocar una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Aunque derogó el decreto de consulta popular, mantiene su presión política con una nueva apuesta transformadora.
Gustavo Petro logró este mes una de sus principales victorias políticas: la aprobación de la reforma laboral, uno de los pilares de su programa de gobierno. Con el respaldo del Congreso, el mandatario celebró el avance, pero al mismo tiempo abrió una nueva fase de tensión institucional al anunciar que buscará una Asamblea Nacional Constituyente.
El camino hacia la aprobación de la reforma no fue lineal. En marzo, cuando el Congreso la hundió, Petro anunció una consulta popular para llevar el proyecto a las urnas. Sin embargo, la consulta fue rechazada por el Senado, en medio de acusaciones de vicios de trámite y con una votación polémica que el Gobierno nunca reconoció como legítima.
Como respuesta, Petro firmó un decreto para convocar la consulta directamente, en una jugada que desató críticas por su posible inconstitucionalidad. Sin embargo, esta semana, el Legislativo dio luz verde a la reforma, lo que llevó al presidente a derogar el decreto y a declarar la aprobación como un triunfo del pueblo trabajador.
Pero la historia no terminó ahí. Petro aprovechó su impulso político para lanzar una nueva propuesta: una papeleta en las elecciones de 2026 con la que buscará convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Según él, esta es la vía necesaria para “cambiar a Colombia desde sus raíces”, una frase que ya ha empezado a polarizar el debate nacional.
El anuncio ha reavivado el temor de ciertos sectores políticos que temen una ruptura con la Constitución de 1991. En su mensaje en la red X (antes Twitter), Petro no mencionó los mecanismos formales que exige la Constitución para convocar una Constituyente, lo que ha despertado críticas sobre la legalidad del procedimiento que busca seguir.
Según la carta magna, una Constituyente requiere un proyecto de ley aprobado por el Congreso en cuatro debates, con especificaciones claras sobre la elección, el número de delegados y los temas a discutir. Además, debe ser revisado por la Corte Constitucional antes de que los ciudadanos voten por su convocatoria en un plazo de hasta seis meses.
Frente a este procedimiento, el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, planteó una vía alterna: la recolección del 20% de firmas del censo electoral. Según él, si se alcanzan, el Congreso estaría obligado a aprobar la convocatoria. No obstante, esta interpretación no aparece explícitamente en la Constitución, lo que abre una nueva disputa jurídica.
Mientras tanto, los partidos de oposición preparan acciones legales para frenar cualquier intento de reformar la Constitución por fuera de los mecanismos tradicionales. La propuesta de una Constituyente revive antiguos debates sobre la legitimidad del poder popular versus las formas institucionales del Estado colombiano.
Petro, por su parte, continúa consolidando su narrativa de transformación social. Con una reforma laboral ya aprobada y una propuesta constituyente en camino, el presidente se juega su legado político en un tablero cada vez más complejo, con miras a influir de forma decisiva en las elecciones de 2026.
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