El presidente Gustavo Petro y su equipo jurídico alegan que la votación del Senado que rechazó la consulta popular sobre la reforma laboral presentó múltiples irregularidades, por lo que justifican su convocatoria por decreto, amparados en la Ley 134 de 1994.
El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha denunciado presuntas irregularidades en la votación del Senado que rechazó la convocatoria de una consulta popular sobre la reforma laboral. Según el Ejecutivo, la sesión plenaria del 14 de mayo presentó omisiones que vulneran el marco constitucional, como el cierre abrupto de la votación, la falta de lectura del texto sometido a decisión y la negativa a tramitar apelaciones.
Estas acciones, según reconocidos juristas y magistrados, constituyen violaciones a la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, el Gobierno sostiene que la decisión del Senado carece de legitimidad y que, al no haberse cumplido con el procedimiento establecido, se entiende que la corporación no se pronunció sobre la consulta popular.
Amparado en el artículo 33 de la Ley 134 de 1994, el presidente Petro argumenta que, si el Senado no emite concepto en el término de un mes, el Ejecutivo está facultado para convocar la consulta popular por decreto. Este artículo establece que el concepto previo del Senado deberá emitirse en dicho plazo, y su incumplimiento habilita al presidente para proceder con la convocatoria.
La votación en cuestión resultó en 49 votos en contra y 47 a favor de la consulta popular, marcando un revés para el Gobierno en su intento de llevar a las urnas una serie de preguntas relacionadas con la reforma laboral. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que el proceso estuvo viciado y que, por tanto, la decisión no es válida.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha respaldado la posición del presidente, denunciando que la caída de la consulta popular en el Senado es resultado de “artimañas políticas” y decisiones arbitrarias por parte de miembros de la corporación. Benedetti asegura que se acatará el fallo de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto presidencial.
El Consejo de Estado ha admitido una acción de tutela presentada contra la Presidencia y la Secretaría del Senado, buscando esclarecer si se vulneraron derechos fundamentales durante el proceso legislativo que terminó con el archivo de la iniciativa. Esta medida judicial añade un componente adicional al debate sobre la legalidad de la votación.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha defendido la legalidad y validez de la votación, rechazando las acusaciones de fraude y asegurando que el Parlamento se pronunció adecuadamente sobre la consulta popular. Cepeda ha instado al Gobierno a respetar las decisiones del Congreso y a no sobrepasar sus competencias.
La Corte Constitucional, actualmente en proceso de renovación, será la encargada de evaluar la legalidad del decreto presidencial. La reciente elección de Lina Marcela Escobar como nueva magistrada añade incertidumbre sobre la postura del tribunal frente al decreto y otras reformas clave.
El presidente Petro ha confirmado que convocará la consulta popular por decreto, pese a las críticas de diversos sectores políticos y económicos que consideran que esta medida transgrede la separación de poderes. El mandatario defiende su decisión como un ejercicio democrático ante lo que considera un bloqueo institucional del Congreso.
La controversia en torno a la consulta popular y la reforma laboral continúa generando debate en Colombia, con implicaciones significativas para el equilibrio de poderes y la participación ciudadana en el país. La decisión final de la Corte Constitucional será decisiva en este conflicto institucional.
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