El presidente Gustavo Petro acusó a exdirectivos de la Nueva EPS de esconder $5 billones para maquillar sus estados contables. Un informe de la Contraloría revela deudas superiores a $21 billones y facturas represadas por miles.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una fuerte denuncia contra los exmiembros de la junta directiva de la Nueva EPS, acusándolos de haber maquillado cifras contables. En su intervención pública, dijo que “escondieron 5 billones de pesos” para que no constaran en la contabilidad oficial.
Petro añadió que, tras la intervención de la entidad, se descubrieron 12 millones de facturas que no estaban registradas, lo cual habría sido parte del mecanismo para evitar reportar obligaciones pendientes.
Esta denuncia se basa en un informe de la Contraloría General de la República que advierte de fallas financieras y administrativas en la Nueva EPS entre los años 2022 y 2025. Entre los hallazgos se señalan anticipos sin legalizar, cuentas por pagar enormes y retrasos en facturación.
Según dicho informe, la deuda total de la entidad asciende a $21,37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad operativa de la EPS, que ya está bajo intervención de la Superintendencia de Salud.
Los anticipos pendientes por legalizar crecieron de forma preocupante: pasaron de aproximadamente $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y ya para el primer semestre de 2025 la cifra llegó a $15,27 billones.
El represamiento de facturas también es crítico: hay más de 22,7 millones de facturas represadas por un valor de $22,1 billones; dentro de estas, más de 9,1 millones estarían duplicadas, lo que agrava aún más la situación financiera.
La denuncia hecha por Petro ocurre justo mientras está pendiente el debate de la reforma a la salud en el Senado, estancada en tercer debate. El presidente ha señalado que el retraso congresional impide tomar decisiones urgentes para corregir estas irregularidades.
Finalmente, el mandatario advirtió que estas prácticas no solo afectan las finanzas de la entidad, sino el derecho a la salud de millones de afiliados. Aseguró que la intervención estatal es necesaria para frenar lo que calificó de “robo estructural” y defender la atención médica de los ciudadanos.
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