El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha levantado la voz en medio de una creciente controversia al denunciar lo que él considera una ruptura institucional en el país. En un mensaje dirigido a organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y grupos sindicales, Petro expresó su preocupación por lo que describió como intentos desesperados de sectores corruptos para destituirlo de su cargo, señalando especialmente a la Fiscalía General de la Nación encabezada por Francisco Barbosa.
Petro hizo hincapié en la suspensión sin precedentes del canciller de la república como un indicador de esta supuesta ruptura institucional. En sus declaraciones, el mandatario acusó a sectores del narcotráfico, políticos corruptos y elementos corruptos dentro de la fiscalía de buscar su destitución, resaltando lo que él considera una aplicación selectiva de la ley.
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La denuncia del presidente incluyó advertencias sobre posibles acciones legales contra otros funcionarios, como el presidente de Ecopetrol y el superintendente de servicios públicos, como parte de una presunta maniobra para desestabilizar su gobierno. Petro afirmó que la fiscalía buscará su juicio político, acusándola de realizar investigaciones inconstitucionales en su contra.
Ante esta situación, el presidente Petro hizo un llamado a la movilización popular como un acto de resistencia. Argumentó que esta situación no solo afecta su mandato, sino también la democracia y la decencia en Colombia. La convocatoria a la movilización se presenta como una respuesta ciudadana a lo que el presidente considera amenazas a la estabilidad institucional y democrática del país.
En este contexto, diversos sectores de la sociedad colombiana se preparan para participar en la manifestación convocada por Petro, bajo la consigna de defender la democracia y exigir transparencia en las instituciones del país. La fecha señalada para esta movilización es el 8 de febrero, a las 8:30 am, en la plazoleta de la Corte Suprema de Justicia.
