El presidente Gustavo Petro, en una alocución pública, expuso los hallazgos de la Contraloría sobre la Nueva EPS y afirmó que las entidades privadas desviaron recursos del sistema, dejando a clínicas y hospitales con millonarias deudas. El mandatario advirtió que la continuidad del modelo EPS condenaría al país a la quiebra.
El presidente Gustavo Petro volvió a ejercer lo que denomina “parresía” —la capacidad de decir la verdad desde una posición de poder— al denunciar de manera frontal los manejos irregulares de la Nueva EPS y el impacto que han tenido en la salud pública del país. Su intervención de este viernes se centró en mostrar cómo, según los hallazgos de la Contraloría, miles de millones de pesos fueron desviados en detrimento de hospitales, clínicas y usuarios.
El jefe de Estado afirmó que los resultados del ente de control ratifican las advertencias que el Gobierno había hecho meses atrás: las liquidaciones masivas de EPS protegieron a los dueños de las entidades, mientras las deudas con el sistema aumentaron sin control. En su discurso, el mandatario presentó cifras que evidencian el alcance del problema, insistiendo en que el modelo está en crisis estructural.
Uno de los datos más reveladores fue el hallazgo, durante la intervención del Gobierno en abril de 2024, de cerca de $5 billones en deudas no reportadas, escondidas en más de 12 millones de facturas. Para Petro, este ocultamiento confirma la existencia de un mecanismo que trasladó recursos estatales hacia contratistas y operadores privados, en algunos casos vinculados con figuras políticas influyentes.
El presidente también recordó cómo entre 2008 y 2016 los hospitales reclamaron deudas por $124 mil millones, pero los liquidadores reconocieron solo $40 mil millones y terminaron pagando menos de esa cifra. El panorama se agravó entre 2017 y 2024, cuando se presentaron reclamaciones por $30 billones, de las cuales apenas se reconocieron $9 billones y se pagó solo $1 billón.
Petro fue enfático en señalar que, si las EPS continúan operando bajo las mismas reglas, el país se dirige hacia la quiebra del sistema de salud. “Las condiciones actuales nos permiten decir con certeza que, si continúa el sistema de EPS, se condena a la nación a la quiebra y al fracaso total”, sostuvo en su alocución, asegurando que la Reforma a la Salud es la única salida viable.
En su balance, el mandatario también destacó que los dueños de la Nueva EPS no eran empresas estatales, como se ha hecho creer en algunos sectores, sino un conglomerado de cajas de compensación familiar como Colsubsidio, Compensar, Cafam, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle y Comfandi, que en conjunto controlaban el 50,1 % de la entidad. El Estado, con el 49,9 %, nunca tuvo dirección mayoritaria.
El mandatario señaló directamente a quienes tuvieron el control administrativo. Mencionó a Enrique Vargas Lleras, quien dirigió la Nueva EPS durante una década, y a José Fernando Cardona, gerente de la entidad por 15 años. Para Petro, estas figuras fueron las responsables de la debacle financiera, mientras los delegados del Gobierno apenas actuaban como minoría en las juntas directivas.
El presidente también aprovechó para responder a sus críticos. “Vamos a cerrarle la boca a los calumniadores que dicen que yo quebré la Nueva EPS. El que denunció el robo fue el que destapó la verdad de la quiebra”, afirmó, al subrayar que su Gobierno intervino la entidad para proteger a los usuarios y no para desestabilizarla.
La denuncia del jefe de Estado llega en un momento político clave: el inicio del debate de la Reforma a la Salud en el Senado. Para Petro, este proyecto legislativo no solo busca rediseñar el sistema de atención, sino también blindar los recursos públicos frente a lo que describió como una “corrupción estructural” que se institucionalizó durante más de 15 años.
Con este discurso, Petro reafirma su estrategia de confrontación directa contra el modelo de las EPS y sus principales actores. Más allá de la polémica política, el tema abre un debate profundo sobre la sostenibilidad del sistema de salud y el papel del Estado en garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a los pacientes y no se diluyan en manos privadas.
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