El presidente Gustavo Petro ordenó a su gabinete firmar el decreto que convoca la consulta popular, pese al rechazo del Senado. Advirtió que todo ministro que no firme será removido del cargo, mientras surgen dudas legales y posiciones divididas en el Gobierno.
El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa a su gabinete ministerial: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”. La declaración, hecha a través de su cuenta oficial en X, deja claro que el mandatario no permitirá vacilaciones frente a la convocatoria de la consulta popular, prevista pese a la negativa del Senado.
La firma del decreto requiere la aprobación de todos los ministros del gabinete. Sin embargo, según reportes de varios medios nacionales, algunos miembros del Gobierno habrían solicitado asesoría jurídica individual, preocupados por las consecuencias legales de firmar un decreto que muchos consideran inconstitucional y que, probablemente, será demandado.
En respuesta a estos rumores, el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que exista temor dentro del gabinete y desmintió la convocatoria formal a firmar el decreto. “Nadie tiene miedo. Todos sabemos que se cometieron seis vicios constitucionales y que no existió decisión del Senado”, expresó Benedetti, en diálogo con el medio Cambio.
Pese a las divisiones, Petro insiste en que el Congreso no se pronunció válidamente sobre la consulta, lo que habilitaría al Ejecutivo para expedir el decreto de manera directa. Esta posición se basa en una interpretación del fallo de una jueza que respondió a una tutela de la senadora María José Pizarro, ordenando dar trámite a una apelación, mas no repetir la votación.
El presidente y sus seguidores han interpretado ese fallo como prueba de un “fraude” en la votación liderada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Sin embargo, el fallo no contiene tal afirmación, y diversos expertos señalan que esa lectura es jurídicamente forzada.
Eduardo Montealegre, recientemente designado como ministro de Justicia, confirmó que el decreto se firmaría el próximo miércoles 11 de junio, tras el regreso de Petro de un viaje internacional. Además, anunció que la consulta popular se llevaría a cabo el 7 de agosto, fecha simbólica por coincidir con el aniversario de la Batalla de Boyacá.
La estrategia del “decretazo” ha desatado una fuerte controversia institucional, ya que se ignora una decisión del Senado, lo que podría abrir un nuevo conflicto entre las ramas del poder público. A su vez, genera incertidumbre sobre la viabilidad jurídica del proceso convocado.
Varios sectores políticos han manifestado preocupación por el precedente que se sentaría si se permite avanzar con una consulta sin el respaldo del Congreso. Incluso dentro del oficialismo hay voces que piden cautela frente a una medida que podría ser anulada por la Corte Constitucional.
Mientras tanto, la tensión en el gabinete aumenta. La presión de Petro pone contra la pared a ministros que deben decidir entre la lealtad política o su responsabilidad jurídica. La nación se prepara para una semana clave que podría definir el futuro de la consulta popular y la cohesión del Gobierno.
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