El presidente Gustavo Petro anunció que expedirá el decreto de convocatoria a la consulta popular sobre reformas laborales y pensionales, firmándolo públicamente en Cali o Medellín. La decisión ha generado controversia, ya que el Senado rechazó previamente la iniciativa, y sectores de la oposición advierten sobre posibles acciones legales.
En un reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que esta semana firmará el decreto para convocar una consulta popular que permita a la ciudadanía pronunciarse sobre las reformas laboral y pensional. El mandatario expresó su intención de realizar la firma en un acto público masivo en Cali o Medellín, enfatizando que el proceso debe hacerse “ante el pueblo” .
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas”, afirmó Petro, destacando la importancia de la participación ciudadana en decisiones trascendentales para el país. La elección entre Cali y Medellín como sede del evento se definirá próximamente, según indicó el presidente.
La convocatoria por decreto ha generado críticas desde diversos sectores políticos. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que si el presidente firma el decreto sin el aval del Congreso, se presentarán acciones legales para impugnarlo, recordando que la plenaria del Senado ya negó la realización de la consulta popular .
Desde la oposición, el partido Centro Democrático manifestó su rechazo a la decisión del presidente, calificándola como un acto autoritario. “Hoy se graduó de dictador”, expresó un vocero del partido, anunciando que están listos para iniciar procesos legales en contra del decreto .
La consulta popular propuesta por el Gobierno incluye 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, que fue archivada en marzo pasado por la Comisión Séptima del Senado. Entre los temas abordados se encuentran la regulación de la jornada laboral, la garantía de permisos médicos y la eliminación de contratos laborales con intermediarios .
El presidente Petro ha defendido la necesidad de la consulta como un mecanismo para superar lo que considera un bloqueo institucional del Congreso ante la posibilidad de que no se aprueben las reformas propuestas por su Gobierno. Ha enfatizado que la participación ciudadana es fundamental para avanzar en estos cambios estructurales .
La Constitución colombiana establece que el presidente, con la firma de todos sus ministros, puede consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional, siempre y cuando cuente con el concepto favorable del Senado. Sin embargo, la negativa del Senado a aprobar la consulta ha generado un debate sobre la legalidad de convocarla por decreto .
El anuncio del presidente Petro ha intensificado el debate político en el país, con sectores que apoyan la iniciativa como una forma de fortalecer la democracia participativa, mientras que otros la consideran una amenaza a la institucionalidad y al equilibrio de poderes. La decisión final sobre la convocatoria y su legalidad podría recaer en la Corte Constitucional, que deberá evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
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