El presidente Gustavo Petro defendió la aparición de líderes de bandas criminales en un acto público en Medellín, argumentando que su gobierno actúa con transparencia en los procesos de paz urbana. La decisión generó reacciones encontradas entre sectores políticos y ciudadanos.
Durante un acto en la plaza La Alpujarra de Medellín, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que generó la presencia de reconocidos cabecillas criminales en una tarima pública. El evento, realizado en el marco de su propuesta de “paz urbana”, desató un intenso debate nacional sobre la legitimidad de estos espacios.
Petro aseguró que su gobierno no está haciendo nada nuevo, sino que actúa de manera transparente lo que en anteriores administraciones se hacía de forma clandestina. “Yo no subí delincuentes a las tarimas; con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Nosotros lo hicimos a la luz del día”, manifestó el jefe de Estado.
La presencia de alias ‘Douglas’, ‘Tom’ y ‘Pesebre’, líderes de estructuras criminales de Medellín, fue justificada por el mandatario como un paso simbólico hacia la reconciliación y el desarme. “Ellos ya estaban en proceso. No es una negociación criminal, es una política de paz urbana con justicia”, enfatizó.
Sin embargo, la decisión fue duramente criticada por figuras como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien la calificó como un “acto humillante” para las víctimas. También el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que se estaba legitimando a actores responsables de múltiples crímenes.
Petro, por su parte, reiteró su compromiso con una salida negociada al conflicto urbano. Invitó a la Fiscalía a estudiar alternativas legales, como la justicia restaurativa, para avanzar en la desmovilización total de estas estructuras armadas. “La paz se construye hablando, no escondiendo la realidad”, dijo.
Desde el Ministerio del Interior se respaldó la postura presidencial. Funcionarios aseguraron que la estrategia de paz total busca incluir todos los sectores en conflicto, y que los procesos deben desarrollarse “por encima de la mesa y de cara al país”.
En medio del debate, sectores ciudadanos y de derechos humanos han solicitado que se garantice la reparación a las víctimas y que cualquier diálogo contemple mecanismos efectivos de justicia y no impunidad. Mientras tanto, la polémica sigue dividiendo opiniones en redes y en el Congreso.
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