El presidente Gustavo Petro ha decidido no pactar diálogo ni cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) en el suroccidente del país. Esta determinación fue anunciada tras un Consejo de Seguridad celebrado en Popayán, donde se evaluaron las recientes situaciones de conflicto en la región. Petro enfatizó que cualquier diálogo con esta organización armada ilegal deberá basarse en el desmonte total de sus economías ilícitas.
El Consejo de Seguridad fue encabezado por el presidente Petro y contó con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, la cúpula militar y de Policía, alcaldes del Cauca, el gobernador Octavio Guzmán y miembros de la administración departamental. Durante la reunión, se establecieron medidas para contrarrestar las actividades del EMC.
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Entre las acciones anunciadas, el ministro Velásquez destacó una recompensa de 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los cabecillas del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias. Además, se incrementará la presencia de 200 policías y 300 efectivos del Ejército en el departamento para reforzar la seguridad en los municipios afectados.
El presidente Petro también ordenó afectar las finanzas del EMC, enfocándose en sus actividades de narcotráfico y minería ilegal. Según el ministro de Defensa, esta estrategia busca debilitar la organización al cortar sus principales fuentes de ingresos, lo que se espera reduzca significativamente su capacidad operativa.
La Fuerza Pública ha recibido instrucciones precisas para aumentar sus capacidades en las operaciones y mantener un seguimiento estricto de los resultados obtenidos. Este enfoque integral tiene como objetivo desarticular las estructuras criminales del EMC y garantizar la seguridad en la región.
Además de las medidas de seguridad, el gobierno nacional, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Prosperidad Social y varios ministerios, emprenderá jornadas de trabajo con los alcaldes del Cauca para desarrollar proyectos de infraestructura. Estos incluirán la construcción de puestos de salud, centros escolares y vías.
Particularmente en las áreas del cañón de Micay y Argelia, se implementarán proyectos para la sustitución de más de 15 mil hectáreas de cultivos de coca. Esta iniciativa forma parte de la política de transformación del territorio, que busca brindar alternativas de desarrollo y oportunidades a los campesinos, jóvenes y la población en general.
El ministro Velásquez subrayó que estas medidas forman parte de una estrategia integral que no solo busca mejorar la seguridad, sino también promover el desarrollo social y económico en la región. “La transformación del territorio es clave para brindar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, concluyó el ministro.
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