El presidente Gustavo Petro anunció su intención de poner fin a la concesión del Canal Uno, actualmente en manos del Grupo Prisa, argumentando que la Constitución impide que un medio público sea propiedad de inversionistas extranjeros. La congresista Katherine Miranda criticó la medida, calificándola de expropiación ilegal.
El presidente Gustavo Petro generó controversia tras anunciar que buscará revocar la concesión del Canal Uno al Grupo Prisa, multinacional española que también es propietaria de Caracol Radio en Colombia. La propuesta ha sido interpretada como una forma de expropiación por parte de sectores políticos, incluido el de la congresista Katherine Miranda.
Desde 2004, el Grupo Prisa ha operado el Canal Uno luego de la salida del noticiero CM&, sin embargo, según el mandatario, la Constitución prohíbe que un canal de televisión colombiano sea propiedad de un grupo extranjero. Petro argumentó que el canal es del Estado y que su espacio en la televisión debe abrirse nuevamente a licitación.
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El presidente indicó que la nueva licitación no buscaría beneficiar al gran capital, sino que permitiría la participación de cooperativistas, periodistas y productores culturales de diferentes regiones del país, quienes podrían convertirse en los nuevos administradores del canal.
Para dar inicio al proceso, Petro instruyó a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), a vigilar el proceso licitatorio y garantizar que el Canal Uno sea propiedad de la sociedad colombiana.
El anuncio generó reacciones inmediatas en redes sociales y en el ámbito político. Katherine Miranda, congresista de la Alianza Verde, rechazó la propuesta, afirmando que la concesión del Canal Uno es válida hasta 2037, conforme a la Ley 1978 de 2019.
«El gobierno quiere expropiar una concesión vigente hasta 2037, por la cual se pagaron más de 117 mil millones de pesos. Esto es expropiación y, además, completamente ilegal», expresó Miranda en su cuenta de X (antes Twitter).
El debate sobre el control de los medios de comunicación y la participación de grupos extranjeros en el sector sigue abierto. Mientras Petro insiste en que su objetivo es democratizar la propiedad de los medios públicos, sus opositores lo acusan de promover medidas autoritarias.
Por ahora, se espera que el gobierno precise los términos del posible proceso de licitación y cómo se garantizarían los derechos adquiridos del Grupo Prisa en la operación del Canal Uno.
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