Tras la aprobación en el Congreso de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro anunció la derogación del decreto que convocaba una consulta popular. Sin embargo, propuso que en las próximas elecciones se incluya una papeleta para que los ciudadanos decidan si desean una Asamblea Nacional Constituyente.
En una nueva jugada política, el presidente Gustavo Petro anunció que derogará el decreto que convocaba a una consulta popular para respaldar sus reformas sociales, luego de que el Congreso aprobara su controvertida reforma laboral. Sin embargo, en un giro inesperado, el mandatario propuso la inclusión de una papeleta en futuras elecciones para consultar al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Petro aseguró que, pese a la victoria legislativa, la reforma laboral no cubre toda la transformación que el país necesita. Por eso, insistió en la necesidad de abrir un proceso constituyente para “cambiar el Estado y garantizar la justicia social”, según expresó en su cuenta oficial de la red social X.
El anuncio llega luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el decreto que convocaba la consulta popular, al considerar que se requería autorización del Congreso. La medida generó una fuerte controversia jurídica y política, lo que llevó al presidente a retirarla formalmente.
“El Congreso ha aprobado la reforma laboral, así que no hay lugar a la consulta en los términos del decreto, pero el pueblo colombiano sigue siendo el soberano. Por eso proponemos una papeleta en las elecciones para decidir si quieren o no una Constituyente”, afirmó Petro.
La nueva papeleta, según el jefe de Estado, se presentará de manera separada en las urnas durante los próximos comicios, sean presidenciales o legislativos. Su objetivo sería consultar directamente a los ciudadanos sobre la conveniencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que revise y reforme la Carta Política de 1991.
Este nuevo paso ha generado múltiples reacciones. Mientras sectores afines al Gobierno celebran la propuesta como una expresión legítima de la democracia participativa, opositores y juristas advierten que una constituyente debe pasar primero por el Congreso y respetar el control constitucional, para evitar un choque de poderes.
Expertos constitucionalistas han señalado que la inclusión de una papeleta no tiene efectos vinculantes si no cumple con los trámites legales exigidos por la Constitución, como el aval legislativo, la revisión de la Corte Constitucional y una ley convocante. Por ello, consideran que esta movida, más que jurídica, es simbólica y política.
En paralelo, la aprobación de la reforma laboral representa un triunfo importante para el Gobierno, ya que introduce cambios significativos en los horarios nocturnos, dominicales y las condiciones de trabajadores en plataformas digitales. No obstante, el propio presidente ha manifestado que estas reformas “son solo un paso”, y que el verdadero cambio requiere una transformación estructural del Estado.
El escenario político sigue siendo incierto. El retiro de la consulta popular ha desescalado parcialmente la tensión institucional, pero la propuesta de Constituyente abre un nuevo frente de debate sobre los límites del poder presidencial y el rol de la participación ciudadana en la redefinición de las reglas democráticas del país.
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