La nueva Ley de Salud Mental, promulgada por el presidente Gustavo Petro, garantiza la atención psicosocial como un derecho fundamental. La norma establece su implementación obligatoria en todos los niveles de atención y espacios como colegios, centros laborales y penitenciarías.
Desde la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la Ley de Salud Mental, una norma que transforma el enfoque estatal hacia el bienestar emocional y psicológico de los colombianos. Con esta ley, el país avanza hacia un modelo de atención inclusiva, preventiva y territorial, en respuesta a una deuda histórica con la salud mental.
Durante el acto, Petro instó a que la ley no se quede en el papel. “Debe vivirse en cada aula, consultorio, hogar o cárcel. No podemos permitir que esta norma se extravíe en los anaqueles del olvido”, expresó. La ley, según el Gobierno, busca sanar las heridas sociales y personales acumuladas en décadas de conflicto y exclusión.
La nueva legislación exige que todos los centros de salud, tanto públicos como privados, cuenten con profesionales capacitados para atender casos de ansiedad, depresión, adicciones o crisis emocionales. Además, ordena la implementación de programas de salud mental en instituciones educativas, entornos laborales y centros penitenciarios.
La norma contempla enfoques diferenciales con especial atención a jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, comunidades indígenas, personas con discapacidad psicosocial y víctimas del conflicto armado. Según el presidente, esta política “contribuirá a construir una paz completa, también desde lo emocional”.
El mandatario destacó que el éxito de la ley dependerá de la formación de miles de nuevos profesionales en psicología y trabajo social. Por ello, anunció la creación de una red pública de facultades de salud en varias regiones del país, como parte de una estrategia para ampliar el acceso educativo y cerrar brechas.
Además, se establece la creación de casas de salud mental comunitarias, líneas de atención de emergencia, redes de apoyo locales y mecanismos de evaluación que garanticen la sostenibilidad y efectividad de los programas implementados. Se trata de un enfoque descentralizado, participativo y continuo.
Desde el Ministerio de Salud se coordinará la implementación de la norma, en articulación con los sectores de educación, justicia y trabajo. El Gobierno espera que la salud mental deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado, sin importar la ubicación geográfica ni el estrato social.
La Ley también pretende erradicar el estigma que pesa sobre quienes sufren enfermedades mentales, promoviendo una cultura del cuidado, la empatía y la prevención desde edades tempranas. Para ello, se fomentarán campañas nacionales de sensibilización y formación para servidores públicos.
Finalmente, el presidente Gustavo Petro reiteró que la salud mental no puede seguir siendo marginal en la agenda pública: “Esta ley es un paso hacia el cumplimiento del Estado Social de Derecho que establece nuestra Constitución. Sanar el alma de Colombia también es una tarea de gobierno”, concluyó.
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