El presidente Gustavo Petro pidió formalmente al gobierno de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector Administrativo de Presidencia y de Inteligencia Nacional, señalado en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La solicitud surge tras revelarse que el funcionario residió en la Embajada de Colombia en Managua mientras era requerido por la justicia.
El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves, a través de su cuenta oficial en la red social X, que Colombia solicitará al gobierno nicaragüense la entrega de Carlos Ramón González, exdirector Administrativo de Presidencia y de Inteligencia Nacional. El exfuncionario es requerido por la justicia por dos cargos relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), uno de los casos más sonados de los últimos meses por el alcance de las presuntas irregularidades y la red de complicidades políticas que han salido a la luz.
La declaración de Petro llega después de que, la noche anterior, criticara a los medios de comunicación por informar sobre los movimientos de funcionarios estatales en torno a este caso. El mandatario incluso solicitó una “rectificación” y calificó como “información falsa” algunas de las revelaciones periodísticas. Sin embargo, el giro en su postura se produjo tras conocerse pruebas que comprometen a personal diplomático en Managua, donde González habría permanecido por varios meses.
De acuerdo con información conocida por el periodista Daniel Coronell, Carlos Ramón González vivió en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Esta vivienda, costeada por el Estado y ubicada en un sector exclusivo de Managua, está destinada exclusivamente para el uso del embajador en funciones. Sin embargo, en ese tiempo habrían residido allí González, su pareja y otros funcionarios diplomáticos con sus acompañantes, lo que levanta serias dudas sobre el uso de recursos públicos y el manejo administrativo en el servicio exterior.
El documento que solicitó la residencia de González en Nicaragua fue firmado en mayo de 2024 por Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada colombiana en ese país. Lo llamativo es que dicha gestión se realizó cuando el exfuncionario ya había sido imputado en el proceso judicial por corrupción. La Cancillería confirmó que Muñoz actuó sin consultar con Bogotá, lo que implica que ni la entonces canciller Laura Sarabia ni el propio presidente Petro conocían o autorizaban la solicitud en ese momento.
La relación entre Muñoz y León Freddy Muñoz, último embajador en Nicaragua y hoy senador de la Alianza Verde, también ha sido puesta bajo la lupa. Ambos tienen un historial de trabajo político conjunto, lo que abre interrogantes sobre posibles favores personales en medio de un escándalo que compromete tanto la institucionalidad diplomática como la lucha contra la corrupción. Hasta el momento, no se ha aclarado si Óscar Muñoz recibirá sanciones por actuar de manera unilateral.
En la vivienda oficial de la embajada también se alojó Luz Dana Leal, pareja de Carlos Ramón González, quien se desempeñó hasta marzo de 2025 como directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena. Este cargo es considerado un fortín político asignado a la Alianza Verde dentro del actual gobierno. La coincidencia de relaciones políticas y cargos estratégicos en esta trama ha despertado fuertes críticas de la oposición, que exige explicaciones sobre los vínculos y beneficios que habría recibido González durante su estadía en Nicaragua.
El caso representa un nuevo capítulo en la ya extensa polémica que rodea a la UNGRD, institución que en los últimos meses ha sido epicentro de denuncias por sobrecostos, adjudicaciones irregulares y presunto direccionamiento político de contratos. La implicación de exfuncionarios de alto nivel y diplomáticos añade un componente internacional al escándalo, lo que podría complicar la posición de Colombia en sus relaciones bilaterales con Nicaragua.
Con la solicitud formal de entrega, el gobierno de Gustavo Petro busca que González comparezca ante la justicia colombiana. Sin embargo, el proceso dependerá de la respuesta de las autoridades nicaragüenses y de la cooperación judicial entre ambos países. Mientras tanto, el escándalo sigue generando tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de la diplomacia en medio de un caso de alto impacto público.
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