En un giro impactante del caso de corrupción que involucra al exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre García, la Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que sugieren su participación en un entramado delictivo. Durante las audiencias, se reveló que García habría recibido una suma colosal de $1.000 millones como soborno, desencadenando una serie de imputaciones que podrían cambiar por completo el rumbo del caso.
El escándalo salió a la luz cuando Anderson González González, un contratista vinculado al DPS, confesó haber pagado la abultada suma para obtener contratos favorecidos. Según la Fiscalía, este dinero ilícito también habría sido compartido con un senador cuya identidad aún se mantiene en reserva. La investigación ahora se centra en esclarecer las circunstancias precisas de este pago ilegal y la participación del congresista implicado.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía formalizó la imputación contra Pierre García, acusándolo de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. El caso pivota en torno a la contratación realizada por el DPS y la empresa Proyecta Quindío en 2021, con un contrato de $48.660 millones destinado a financiar obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
La Fiscalía sostiene que García, aprovechando su posición como director del DPS, orquestó de manera irregular la celebración del contrato, direccionando la selección de contratistas según los intereses de una presunta red criminal que involucra a congresistas y funcionarios. Se reveló que el exfuncionario se habría reunido con estos actores para definir qué empresas y municipios se beneficiarían de los proyectos del contrato interadministrativo.
El caso sigue su curso, y se espera que nuevas revelaciones arrojen luz sobre la magnitud de la corrupción en el DPS durante la gestión de Pierre García, afectando aún más la percepción de la opinión pública sobre la integridad de las instituciones gubernamentales.