Una controversia se desató en el municipio de Líbano, Tolima, luego de que la alcaldesa Beatriz Valencia Gómez publicara información en la que aseguraba que los impuestos locales fueron invertidos en una obra de placa huella en la vereda El Toche, del corregimiento del Convenio. Sin embargo, denuncias ciudadanas afirman que esta obra fue financiada con recursos de la Nación y no con dineros municipales.
El señalamiento ha generado indignación en la comunidad, pues aseguran que la mandataria estaría apropiándose de un proyecto cuya financiación y planeación fueron gestionadas por la administración anterior en el año 2021. De acuerdo con la información, la ejecución de la obra pasó por distintas fases en 2022 y 2023, hasta finalmente materializarse en 2024.
El hecho ha sido calificado como un intento de la alcaldesa por mostrar resultados inexistentes, lo que ha intensificado las críticas sobre su gestión. Líderes locales han señalado que, tras 13 meses en el cargo, Valencia Gómez no ha construido un solo metro de las 10.000 placas huella que prometió ejecutar durante su gobierno.
Además, la polémica se extiende al equipo de planeación municipal y a los medios de comunicación oficiales de la alcaldía, a quienes se les acusa de desinformar a la ciudadanía con recursos públicos. Organizaciones comunitarias han exigido una aclaración oficial por parte de la mandataria y han advertido que, de no hacerlo, podría enfrentarse a consecuencias legales por falsedad en documento público.
Este episodio ha sido el detonante para el inicio de un proceso de revocatoria de mandato contra la alcaldesa, impulsado por un grupo de académicos nacidos en el Líbano. La iniciativa argumenta que Valencia Gómez ha incumplido con las metas establecidas en su Plan de Desarrollo, afectando el progreso del municipio.
La revocatoria, que busca reunir los requisitos legales para ser sometida a votación, surge en un contexto de creciente descontento ciudadano. Habitantes del Líbano exigen transparencia en el manejo de los recursos públicos y cuestionan la falta de ejecución de proyectos que mejoren la infraestructura vial del municipio.
Hasta el momento, la alcaldesa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la controversia. No obstante, la presión social continúa en aumento, con ciudadanos organizando movilizaciones y expresando su inconformidad a través de redes sociales y otros espacios de participación.
El debate sobre la gestión municipal y la utilización de los recursos públicos sigue abierto en el Líbano, mientras se espera que las autoridades competentes verifiquen la veracidad de la información y determinen si hubo algún tipo de irregularidad en la comunicación oficial de la alcaldía.
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