Un proyecto de Acuerdo impulsado desde la Alcaldía de Medellín desató una fuerte controversia al autorizar al Metro a constituir una sociedad filial en Bermudas. Sectores críticos advierten riesgos de pérdida de control público y alertan sobre una eventual desprotección de uno de los patrimonios más importantes de la ciudad.
Un intenso debate político y ciudadano se abrió en Medellín tras conocerse el texto definitivo aprobado en primer debate de un proyecto de Acuerdo que autoriza al Metro de Medellín a constituir una sociedad filial con domicilio en Bermudas, un territorio catalogado como paraíso fiscal por su régimen tributario y financiero.
La iniciativa, respaldada por la administración del alcalde Federico Gutiérrez, faculta a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. para crear una filial 100 % pública, organizada como reaseguradora cautiva y regida por la normativa de la jurisdicción de Bermudas, aunque manteniendo obligaciones de reporte ante autoridades colombianas.
Sin embargo, críticos del proyecto advierten que la propuesta no está orientada a mejorar el servicio, ampliar rutas, modernizar la infraestructura ni reducir tarifas, sino a establecer una estructura financiera fuera del país, bajo leyes extranjeras y con menor alcance de los organismos de control nacionales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que esta decisión alejaría al Metro del control de entidades como la Contraloría, la Procuraduría y del control político directo del Concejo de Medellín, lo que, según opositores, debilita la vigilancia ciudadana sobre una de las empresas públicas más emblemáticas del país.
El articulado aprobado otorga amplias facultades a la gerencia y a la junta directiva del Metro para constituir la filial, definir su razón social, designar directivos y celebrar los actos y contratos necesarios para su operación, lo que ha sido interpretado como una concentración excesiva de poder.
Desde sectores críticos se señala que el Concejo autoriza una sola vez la creación de la filial y luego pierde capacidad de seguimiento efectivo, lo que representaría una renuncia al control posterior que la ley le asigna como órgano de vigilancia política.
Las voces opositoras también alertan que este modelo podría sentar un precedente para replicar esquemas similares en otras empresas públicas, normalizando la externalización de estructuras estratégicas y reduciendo la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Mientras tanto, la discusión continúa tanto en el Concejo como en la opinión pública, en medio de llamados a revisar a fondo los alcances del proyecto y a garantizar que cualquier decisión sobre el Metro preserve su carácter público, su control democrático y la confianza histórica de los medellinenses.
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