El gobierno nacional presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de nulidad del fallo que ordenó al Presidente ajustar la difusión de los consejos de ministros. La Presidencia alega que no fue vinculada al proceso, vulnerando así el derecho al debido proceso.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que la Presidencia de la República interpuso una solicitud de nulidad contra un fallo judicial que ordena ajustes en la transmisión televisiva de los consejos de ministros. La petición fue radicada ante el Consejo de Estado y argumenta que la decisión judicial vulneró el derecho al debido proceso del jefe de Estado, quien no fue notificado ni vinculado de manera formal a la controversia.
En un comunicado firmado por el apoderado Sneither Efraín Cifuentes Chaparro, actuando como Secretario Jurídico de la Presidencia, se expone que la sentencia de primera instancia fue emitida sin escuchar al presidente ni darle la oportunidad de ejercer su defensa. “Existe una vulneración del derecho del debido proceso que le asiste al señor presidente de la República de Colombia al profirarse una sentencia en su contra sin haberlo notificado en debida forma”, señala el documento oficial.
El fallo objeto de nulidad fue proferido el 11 de abril de 2025 y ordenó al Presidente, a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que una vez notificada esta resolución, no reincidan en la conducta considerada como vulneradora, al referirse a la transmisión de los consejos de ministros por televisión.
La Presidencia argumenta que el proceso judicial fue admitido el 12 de marzo de 2025, sin prever la vinculación directa del primer mandatario, y que además se involucró a medios de comunicación como Canal RCN, Caracol Televisión y Canal Uno como terceros interesados en el asunto, sin garantizar un proceso con las debidas garantías.
El ministro Benedetti defendió la postura del gobierno en redes sociales. “En una democracia moderna, el interés general de la ciudadanía por conocer las decisiones trascendentales del Gobierno debe prevalecer sobre opiniones particulares sobre la programación televisiva”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
La solicitud de nulidad se fundamenta también en que las decisiones adoptadas en el fallo pueden interpretarse como una forma de censura, al limitar el alcance de la comunicación oficial sin que el Presidente haya sido escuchado previamente en juicio.
Según el gobierno, la medida judicial no solo afecta el derecho de defensa del jefe de Estado, sino que también restringe el derecho a la información de los ciudadanos, al intervenir en la manera como se difunden las decisiones de gobierno.
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Este nuevo capítulo se da en medio de un debate nacional sobre los límites de la judicialización de los actos gubernamentales y el rol de los medios en la transmisión de información oficial. La solicitud de nulidad presentada ahora queda en manos del Consejo de Estado.
El documento también solicita a la Auditoría y a las entidades competentes que se garantice el cumplimiento del principio de contradicción, al tiempo que se preserven las garantías del Estado de derecho frente a decisiones que involucran al Presidente de la República.
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