La Procuraduría General de la Nación investiga a la contralora municipal Edna Margarita Murcia Mejía y a la asesora jurídica Luz Helena Scarpetta Plazas por presunta omisión en la rendición de informes justificativos en comisiones de servicio y reconocimiento de viáticos sin soporte documental.
La Procuraduría General de la Nación declaró abierto un expediente disciplinario contra la contralora municipal de Ibagué, Edna Margarita Murcia Mejía, y la asesora jurídica de la entidad, Luz Helena Scarpetta Plazas, luego de detectarse presuntas irregularidades en el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje sin la debida justificación.
Según el ente de control, la investigación partió de un hallazgo formulado por la Auditoría General de la República, que alertó que en las resoluciones que autorizaron viáticos para los funcionarios de la Contraloría de Ibagué no se exigió la presentación de informes ejecutivos sobre las actividades cumplidas en las comisiones.
El posible vacío normativo descubierto señala que en dichos documentos no se estableció como requisito obligatorio el informe final que detalle los resultados o las tareas ejecutadas en los desplazamientos oficiales. Esa omisión abre la sospecha de que dichos viajes podrían no haber estado debidamente respaldados.
La Procuraduría busca determinar si hubo omisión de deberes funcionales o negligencia en la rendición de cuentas, lo cual, de comprobarse, podría constituir una falta disciplinaria grave. La transparencia en el manejo de recursos públicos es la piedra angular de esta investigación.
Se revisa además si los viáticos autorizados respondieron efectivamente a necesidades institucionales o si fueron reconocidos sin el sustento documental adecuado. El objetivo es esclarecer si hubo un uso indebido de recursos de la entidad de control fiscal local.
Fuentes extraoficiales indican que, de comprobarse las irregularidades, las sanciones podrían ir desde suspensión temporal hasta destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas. El proceso disciplinario podría determinar eventuales responsabilidades.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos a la Contraloría de Ibagué, donde frecuentemente ha sido objeto de denuncias por falta de transparencia y manejo cuestionado de recursos en viáticos, comisiones y contrataciones locales.
Hasta el momento, la Contraloría municipal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta investigación. Se espera que en los próximos días las funcionarias aludidas respondan al proceso y aclaren los hallazgos a la ciudadanía.
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