La Procuraduría General de la Nación ha emitido una advertencia sobre la capacidad de Colpensiones para enfrentar una eventual reforma pensional en Colombia. Según el Ministerio Público, la entidad no está adecuadamente preparada para abordar los desafíos operativos y de seguridad digital que podrían surgir con cambios significativos en el sistema de pensiones del país.
En una comunicación dirigida al presidente de Colpensiones, Jaime Dussan Calderón, y al superintendente Financiero, César Ferrari, la Procuraduría ha pedido explicaciones sobre cómo están manejando los riesgos asociados con la falta de renovación del servicio de soporte, mantenimiento y actualización del software utilizado por la entidad.
Se ha resaltado la importancia crítica de contar con procedimientos actualizados y eficientes para gestionar las pensiones de millones de colombianos, tanto en el marco de la prestación definida como del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
La Procuraduría ha identificado varios aspectos del proceso de gestión de pensiones que requieren mejoras urgentes, incluyendo la atención al cliente, el reconocimiento de derechos de pensión, la gestión de registros laborales y el manejo de pagos de pensiones. Según informes de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, muchos de estos procesos están desactualizados y podrían comprometer la integridad de la información y los datos de los afiliados y pensionados.
La falta de actualización del sistema también podría aumentar el riesgo de fraudes y reducir la eficiencia en la respuesta a los pensionados, lo que representa una preocupación seria para la Procuraduría en términos de protección de los derechos de los ciudadanos.
En última instancia, el Ministerio Público ha advertido que, dadas las deficiencias identificadas, Colpensiones no está preparada ni desde el punto de vista técnico ni administrativo para implementar un nuevo modelo pensional según lo planeado, lo que subraya la urgencia de abordar estas preocupaciones para garantizar la seguridad y la eficacia del sistema de pensiones en el país.