El fallo de segunda instancia concluyó que Leyva vulneró los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación de pasaportes pese a la existencia de un oferente válido. La decisión es definitiva y no admite recursos.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra el excanciller Álvaro Leyva Durán. La medida disciplinaria se desprende de las irregularidades cometidas en el proceso de licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.
El ente de control determinó que la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación careció de fundamento legal, ya que en el proceso participó un oferente que cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos. Con esta acción, el entonces canciller desconoció las normas que rigen la contratación pública.
Según la Procuraduría, el exministro no buscó garantizar el principio de selección objetiva, sino que tomó una decisión arbitraria que vulneró la transparencia del proceso contractual. Esta determinación afectó la legalidad del procedimiento y puso en entredicho la responsabilidad del Estado frente al suministro de pasaportes.
El fallo advierte que Leyva actuó en contravía de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la función pública. Por ello, la falta disciplinaria fue calificada como gravísima y cometida a título de dolo, es decir, con pleno conocimiento de la ilegalidad de su decisión.
El proceso disciplinario contra el excanciller se abrió en medio de la controversia generada a finales de 2023, cuando se declaró desierta la licitación pese a que había un proponente habilitado. La decisión provocó retrasos y dificultades en la expedición de pasaportes, lo que generó un fuerte impacto ciudadano y administrativo.
La ratificación de la sanción en segunda instancia, firmada directamente por el Procurador General de la Nación, refuerza la tesis de que el exministro incumplió de manera grave los deberes de su cargo. La Procuraduría fue enfática en señalar que no existían razones jurídicas para invalidar el proceso.
Con esta decisión, Leyva queda inhabilitado para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado por el próximo decenio. La sanción representa un golpe político y jurídico para el exfuncionario, quien había sostenido que sus actuaciones estaban respaldadas por criterios de legalidad y conveniencia.
La resolución tiene carácter definitivo y no admite recurso alguno, lo que significa que la medida disciplinaria queda en firme y deberá ser cumplida en su totalidad. Así se cierra uno de los capítulos más polémicos en la gestión de la Cancillería durante el actual gobierno.
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