La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preventiva ante las evidencias de demora en obras fundamentales del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué.
Exigió al gerente de esa entidad, Aquileo Medina Arteaga, informar de forma urgente el estado físico y financiero de varios contratos, luego de detectar ejecuciones mínimas o nulas en proyectos como los paraderos tipo banderín, la rehabilitación vial y la modernización semafórica. El órgano de control pidió además los informes de supervisión, cronogramas y demás soportes documentales, e indagó sobre la adjudicación de otros contratos pendientes.
La Procuraduría General de la Nación requirió al gerente del SETP de Ibagué, Aquileo Medina Arteaga, información detallada sobre varios contratos esenciales para el proyecto de transporte masivo. Esta medida se da en ejercicio de la vigilancia preventiva contractual que el Ministerio Público ejerce sobre la contratación pública en la ciudad. El ente de control advierte que los retrasos en las obras podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del sistema y la correcta inversión de recursos públicos.
En su indagación, la Procuraduría resaltó que algunos contratos presentan avances sorprendentemente bajos. Por ejemplo, en el contrato adjudicado en enero de 2025 para la instalación de 1.150 paraderos tipo banderín, el progreso apenas alcanza alrededor del 5 % del total de la obra. Igualmente, señaló que el contrato de rehabilitación vial de corredores principales no registra avances (0 % ejecutado), a pesar de que estas intervenciones están proyectadas como prioridad dentro del SETP.
Por otra parte, el contrato para la modernización de la red semafórica en Ibagué es de particular preocupación. Firmado en enero de 2024 con la Unión Temporal Ibagué Smart City, la Procuraduría constató que presenta “avances mínimos” en la ejecución. Casi un año después de su adjudicación (agosto de 2024), el proyecto de 630 semáforos aún ni siquiera ha comenzado sus obras. Estas deficiencias en la coordinación entre contratista, interventoría y supervisión, advierte el ente, ponen en riesgo tanto el cumplimiento del contrato como la adecuada utilización de los recursos públicos.
Ante este panorama, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué exhortó al gerente del SETP a informar con urgencia sobre el estado actualizado de ejecución física y financiera de los contratos mencionados. Se le pidió remitir un informe detallado y soportado de cada proyecto, indicando el avance real de las obras y el uso de los recursos asignados.
Además, el órgano de control requirió los informes más recientes de supervisión e interventoría para cada uno de estos contratos, junto con los cronogramas actualizados de ejecución y toda la documentación de respaldo relevante. El objetivo es verificar si las obras están avanzando según lo planificado o si existen incumplimientos que deben corregirse de inmediato.
Finalmente, en su labor de vigilancia preventiva, la Procuraduría pidió aclarar si ya se han adjudicado otros contratos pendientes del SETP, como los correspondientes a la construcción de patios taller, estaciones de integración e implementación de tecnología. Solicitó precisar el estado de dichos procesos, incluyendo los números de contrato y las entidades encargadas, para garantizar transparencia en las etapas finales del proyecto.
Estos proyectos del SETP son considerados clave para la movilidad de Ibagué. Las demoras detectadas han generado inconformidad entre conductores, líderes comunales y ciudadanos, quienes exigen celeridad y transparencia en las obras, pues impactan directamente la calidad de vida de miles de ibaguereños. La Procuraduría enfatizó que su intervención responde a garantizar el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En el marco de este requerimiento, el gerente Aquileo Medina dispondrá de un plazo para responder con los informes solicitados. Mientras tanto, la Procuraduría seguirá de cerca los contratos del SETP. De confirmarse irregularidades o demoras injustificadas, el organismo de control podría adoptar las medidas disciplinarias o contractuales que correspondan para restablecer el cumplimiento oportuno de estos proyectos vitales.
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