Las controvertidas afirmaciones del alcalde, en las que expresó abiertamente su respaldo a la consulta presidencial de “Equipo por Colombia”, fueron consideradas como un uso indebido de su posición. En una primera declaración, Hurtado afirmó: “Yo me identifico con todas las propuestas que sean en pro de sacar adelante nuestro país”. Al salir del lugar de votación, reiteró su apoyo a dicho equipo, destacando que son aquellos que han trabajado por el bien del país.
Este respaldo político resultó en una suspensión de tres meses por parte de la Procuraduría General de la Nación, que calificó provisionalmente la supuesta conducta como una falta grave a título de culpa gravísima.
Según la entidad, las declaraciones de Hurtado podrían haber afectado el cumplimiento de sus deberes funcionales, vulnerando principios como la imparcialidad, la legalidad y la favorabilidad.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa sostiene que el alcalde utilizó un juego de palabras para referirse al candidato por el que se inclinaba, aprovechando su cargo e investidura para participar en controversias políticas.
Este proceso disciplinario no solo arroja luz sobre las posibles consecuencias para Hurtado, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la línea que deben seguir los funcionarios públicos en temas electorales.
El juicio disciplinario, que se espera que se lleve a cabo en los próximos meses, definirá si las acciones de Hurtado constituyen una falta disciplinaria y, de ser así, cuáles serán las repercusiones para su permanencia en el cargo. Este caso subraya la importancia de la imparcialidad y la neutralidad esperada de los funcionarios públicos, incluso en el marco de procesos electorales.
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