La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra al menos ocho funcionarios de la Alcaldía de Ibagué por su presunta participación en actividades políticas a favor de la aspirante a la Cámara Carolina Hurtado, hermana del exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera.
Una nueva controversia política se registra en Ibagué luego de que la Procuraduría General de la Nación iniciara una investigación preliminar contra varios funcionarios vinculados a la Alcaldía de Ibagué por una presunta participación indebida en política durante el actual proceso electoral.
La indagación surge tras una queja presentada ante el Ministerio Público, en la que se señala que al menos ocho servidores públicos habrían participado en actividades de proselitismo político a favor de la aspirante a la Cámara de Representantes Carolina Hurtado.
De acuerdo con la denuncia, la candidata tiene vínculos familiares con el exalcalde de la ciudad, Andrés Fabián Hurtado Barrera, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible utilización de la estructura institucional para favorecer su aspiración política.
Entre los funcionarios mencionados en la queja se encuentra Felipe La Rota, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), así como Miguel Ospina, quien se desempeña como directivo en la Secretaría de Educación del municipio.
También aparecen señalados Cristian Carbonel, asesor del IBAL; Eliana Rozo, vinculada a la empresa de aseo Ibagué Limpia; y Carol Cortés, funcionaria de control disciplinario dentro de la administración municipal.
La lista de funcionarios mencionados en la denuncia también incluye a Félix Salgado, de la oficina de Gestión del Riesgo; Alejandra Villanueva, directora de la Mujer; y Ana María Morales, quienes presuntamente habrían participado en actividades que podrían interpretarse como apoyo político.
El Ministerio Público deberá establecer si las actuaciones denunciadas constituyen una violación a la normativa que prohíbe a los servidores públicos intervenir en controversias o campañas políticas mientras ejercen funciones en el Estado.
La legislación colombiana establece que los funcionarios públicos deben mantener neutralidad en procesos electorales, ya que el uso de cargos o recursos institucionales para favorecer candidaturas puede configurar faltas disciplinarias graves y afectar la transparencia de la contienda política.
