El Ministerio Público abrió una investigación previa para esclarecer las presuntas irregularidades en la suspensión del Programa de Alimentación Escolar en agosto, que dejó sin ración a más de 77.000 estudiantes durante diez días en Tolima.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación del Tolima, debido a presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La decisión se da tras la suspensión del servicio en agosto, que dejó sin ración alimenticia a cerca de 77.000 estudiantes durante diez días, situación que generó fuertes críticas de la comunidad educativa y de veedurías ciudadanas.
El ente de control señaló que la investigación tiene como propósito determinar responsabilidades frente a la interrupción del programa, considerada una medida que vulneró derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en etapa escolar. La Procuraduría evaluará si existieron deficiencias en la planeación, prácticas administrativas cuestionables y decisiones presupuestales que afectaron la continuidad del PAE en el departamento.
Uno de los puntos centrales que revisará la indagación es el alto costo de la ración alimenticia en Tolima, que supera los $8.000, cifra por encima del promedio nacional. Según organizaciones de control social, esta diferencia económica podría evidenciar posibles sobrecostos en la contratación o un manejo ineficiente de los recursos destinados al programa.
El Ministerio Público también revisará la disminución de los aportes propios del departamento y las condiciones bajo las cuales se planificó la entrega de los alimentos durante los años 2022 a 2025. La Procuraduría busca establecer si hubo omisiones que derivaron en fallas logísticas y administrativas, comprometiendo la seguridad alimentaria de miles de estudiantes en la región.
Es importante recordar que el Gobierno Nacional, en lo corrido de 2025, transfirió más de $60.000 millones para el PAE en Tolima, lo que representó un incremento del 67 % respecto a vigencias anteriores. No obstante, la suspensión de agosto plantea dudas sobre la gestión de los recursos a nivel departamental y sobre la capacidad de garantizar la cobertura durante el calendario escolar.
Frente a estas acusaciones, medios de comunicación regionales intentó obtener la versión de la Gobernación del Tolima, pero no fue posible obtener una respuesta oficial. El silencio de la administración departamental ha aumentado la desconfianza ciudadana y ha dejado sin claridad las causas que llevaron a suspender un programa tan sensible para la población escolar.
La investigación se convierte en un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la implementación de políticas sociales. Expertos en educación advierten que el manejo deficiente de la alimentación escolar no solo afecta el desarrollo nutricional, sino también el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Con este proceso, la Procuraduría busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro. Mientras tanto, la comunidad educativa espera soluciones de fondo que aseguren la continuidad del PAE y que se restituyan los derechos vulnerados a los estudiantes tolimenses.
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