La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Ibagué por presuntas faltas disciplinarias en la adjudicación de un contrato para obras deportivas, ante sospechas de que el proponente ganador no cumplía con los requisitos exigidos, lo que podría haber afectado la transparencia del proceso.
La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa a servidores públicos de la Alcaldía de Ibagué al abrir una indagación previa por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato destinado a la “construcción de obras de mejoramiento y adecuación de espacios deportivos en la zona rural y urbana del municipio”. Este proceso busca esclarecer si hubo faltas disciplinarias que comprometan la legalidad de la contratación.
El ente de control señaló que, según su informe preliminar, el proponente que resultó ganador del contrato no habría cumplido con los requisitos de experiencia específica establecidos en el pliego de condiciones. Esta aparente anomalía ha generado dudas sobre la transparencia y la rigurosidad con las que se llevó a cabo la selección del contratista.
El proyecto en cuestión tiene como propósito mejorar la infraestructura deportiva de Ibagué, beneficiando tanto a las áreas urbanas como rurales del municipio. Sin embargo, las presuntas irregularidades podrían derivar en retrasos o en la inconclusión de la obra, corriendo el riesgo de convertirse en un “elefante blanco”, término usado para describir proyectos públicos que no se culminan o no cumplen su propósito.
Para avanzar en la indagación, la Procuraduría dispuso la práctica de pruebas que permitan identificar a los funcionarios involucrados y verificar los hechos denunciados. Este paso inicial es clave para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal contra los responsables.
Las posibles faltas bajo investigación incluyen errores o negligencias en la planeación, evaluación y adjudicación del contrato. Si se comprueba que hubo incumplimiento de las normas de contratación pública, los servidores públicos implicados podrían enfrentar sanciones severas, como suspensiones o inhabilidades para ocupar cargos públicos.
Ibagué no es ajena a controversias relacionadas con obras deportivas. Proyectos anteriores, como los escenarios construidos para los Juegos Nacionales de 2015, han sido señalados por problemas de ejecución y sobrecostos, lo que aumenta la preocupación de la ciudadanía ante este nuevo caso.
La Procuraduría ha enfatizado que su objetivo es garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar que proyectos de impacto social queden en el abandono. Por ahora, la Alcaldía de Ibagué no se ha pronunciado oficialmente, pero se espera que responda ante las acusaciones y detalle las acciones que tomará frente a la investigación.
Este caso resalta la necesidad de reforzar los controles en los procesos de contratación pública, especialmente en iniciativas destinadas a beneficiar a la comunidad. La resolución de esta indagación será determinante para esclarecer si la obra deportiva de Ibagué se suma a la lista de “elefantes blancos” en Colombia o si logra cumplir con su propósito original.