El Alcalde de San Luis, Guillermo Ignacio Alvira Acosta, junto con dos de sus secretarios, Luis Fernando Cardozo García y Johan Jair Cabezas Gutiérrez, se encuentran bajo investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a presuntas irregularidades en la destinación de 250 toneladas de cemento donadas por la empresa Cemex.
Según la Procuraduría, no existe evidencia de que el cemento donado haya sido almacenado ni utilizado en los activos de la Administración local. Esto ha generado interrogantes sobre el destino real de esta importante donación.
La investigación busca aclarar si el uso del cemento donado en obras públicas se llevó a cabo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y si se siguió el convenio firmado con la Fundación Cemex Colombia. Además, la Procuraduría está analizando la firma de dos contratos de obra en los que se sospecha que se utilizó parte del cemento donado por la Fundación Cemex Colombia.
La Procuraduría también está evaluando si el convenio se publicó correctamente en la plataforma Secop, un sistema electrónico de contratación pública en Colombia, y si hubo una supervisión adecuada del mismo por parte de las autoridades municipales.
Las autoridades locales de San Luis han sido llamadas a cooperar plenamente con la investigación, que tiene como objetivo garantizar que los recursos donados se utilicen de manera transparente y en beneficio de la comunidad.
La Procuraduría está comprometida en asegurar que las donaciones destinadas al desarrollo de proyectos en la región se utilicen de acuerdo con las normativas vigentes y en beneficio de la ciudadanía. Se espera que la investigación arroje luz sobre las circunstancias que rodean esta donación y su destino final.
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