La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra el Secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, debido a su presunta participación política. La investigación se origina a raíz de un polémico episodio ocurrido a finales de mayo, donde Restrepo protagonizó un escandaloso episodio lleno de burlas hacia varios precandidatos del denominado Frente Amplio.
A través de sus redes sociales, el Secretario de Gobierno caricaturizó a los aspirantes, buscando defender la gestión de su jefe y generando malestar entre los precandidatos independientes. Esta decisión se debe al show mediático armado por el funcionario en contra de varios candidatos alternativos a la Alcaldía de la ciudad.
Ante estos hechos, los precandidatos decidieron presentar una queja formal ante la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría, acusando a Restrepo de participación política. En la queja, también se mencionaron incidentes previos en los que el funcionario habría incurrido en faltas disciplinarias, como las acusaciones contra el diputado Marco Hincapié.
La Procuraduría acogió favorablemente las quejas presentadas y determinó la pertinencia de abrir una investigación disciplinaria contra el Secretario de Gobierno. Esto demuestra la preocupación por la presunta participación política del funcionario y su involucramiento en contiendas electorales que no le competen.
Algunos de los precandidatos afectados han expresado su satisfacción ante esta decisión. Guillermo Pérez, uno de los candidatos del Frente Amplio, considera que Restrepo debe garantizar la imparcialidad y las garantías electorales para todos los candidatos y precandidatos. Por otro lado, Camilo Ossa ha exhortado al Secretario de Gobierno a apartarse de sus obligaciones relacionadas con las elecciones locales debido a su conflicto de interés evidente.
Finalmente, la Procuraduría ha iniciado una investigación disciplinaria contra el Secretario de Gobierno de Ibagué por su presunta participación política y su actuación controvertida en contra de los precandidatos alternativos. Los afectados celebran esta decisión y demandan que el funcionario se aparte de sus responsabilidades relacionadas con las elecciones locales para garantizar una participación justa y equitativa.
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