El Ministerio Público abrió una investigación contra la Alcaldía de Ibagué por posibles sobrecostos en un contrato de más de $8.000 millones para las festividades de junio de 2024. Entre las irregularidades denunciadas, se destacan tamales a $21.000 y copas aguardienteras a $39.270 cada una.
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra la secretaria Administrativa de Ibagué, Norma Margarita Cifuentes Zarta, y el secretario de Cultura, Mauricio Hernández Cala, por presuntas irregularidades en el contrato suscrito para la realización del Festival Folclórico Colombiano en 2024.
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El contrato, valorado en más de $8.034 millones, fue adjudicado a la firma León Gráficas SAS con el propósito de proporcionar servicios logísticos, operativos y técnicos para la versión 50 del evento. Sin embargo, la licitación ha generado polémica debido a los aparentes sobrecostos en bienes y servicios, entre los que se encuentran tamales a $21.000 la unidad y copas aguardienteras a $39.270 cada una, valores que superarían significativamente los precios del mercado.
De acuerdo con el ente de control, el proceso contractual habría presentado fallas que evidenciarían una falta de planeación desde su publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Además, un ciudadano interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía, argumentando que se desconocieron sus derechos debido a la falta de garantías en los plazos y otras irregularidades en la licitación.
Ante la polémica, la administración municipal anunció que retiraría el ítem de los tamales del contrato y delegaría su suministro a un patrocinador, con el objetivo de mitigar las críticas y evitar un mayor desgaste político.
Por otro lado, el abogado Luis Felipe Aranzales denunció que, bajo el concepto de incentivos a artistas, se destinaron $878 millones, de los cuales solo $492 millones habrían sido entregados a los beneficiarios, mientras que el contratista de logística habría recibido $386 millones por la gestión del dinero, lo que podría constituir un favorecimiento indebido.
Como parte del proceso disciplinario, la Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas para determinar si efectivamente se presentaron conductas irregulares y establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados. Asimismo, se informó a los sujetos procesales sobre los beneficios de la confesión o aceptación de cargos en caso de hallarse irregularidades.
Este escándalo se suma a otras investigaciones que enfrenta la Alcaldía de Ibagué por presuntas irregularidades en procesos contractuales, generando preocupación en la ciudadanía sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
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