El Procurador General, Gregorio Eljach, expidió una directiva que prohíbe a funcionarios públicos participar en proselitismo, usar recursos del Estado para campañas y presionar a subalternos, advirtiendo que su incumplimiento será sancionado con destitución e inhabilidad.
El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, emitió una directiva clave que define con precisión las conductas prohibidas para funcionarios públicos en vísperas de las elecciones de 2026. El documento deja claro que transgredir dichas prohibiciones puede derivar en “destitución e inhabilidad”, según lo previsto en el Código Disciplinario.
Eljach afirmó en el Congreso que la directiva establece de forma categórica las faltas graves. Advirtió que cualquier funcionario que use su cargo para actividades políticas, manipule recursos públicos o presione empleados se enfrentará a la sanción máxima.
Específicamente, prohíbe que servidores públicos utilicen su cargo para promover candidatos, presionen a subalternos para apoyar campañas, empleen bienes del Estado en proselitismo o difundan propaganda electoral. También queda prohibido usar tiempo laboral o información reservada para fines políticos.
La directiva igualmente bloquea la realización de contribuciones políticas desde entes públicos o recursos fiscales, salvo para el Fondo Nacional de Financiación Política; impide ofrecer beneficios para influir en el voto y usar inmuebles oficiales en actividades partidistas.
Como parte del fortalecimiento institucional, la Procuraduría anunció la creación de una segunda Delegada Electoral, que promoverá el control en regiones durante la contienda, mientras Yolima Carrillo seguirá al frente de los asuntos estructurales dentro del ente.
Con esta medida, el Ministerio Público busca anticiparse a una campaña electoral que se anticipa tensa y competitiva, reforzando los mecanismos para preservar la neutralidad del Estado y evitar utilización indebida del poder público.
Analistas coinciden en que se trata de un paso significativo al priorizar la transparencia y la equidad electoral, garantizando que las autoridades públicas actúen al margen de intereses partidistas durante el proceso.
La directiva entra en vigor inmediatamente y se espera que sea difundida en todas las entidades del Estado para asegurar su cumplimiento, en un año en el que Colombia enfrentará elecciones múltiples a nivel nacional y local.
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