La determinación se produjo después de que Bolívar presentara una demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante el tribunal. Con la ponencia del magistrado Luis Eduardo Collazos, el Tribunal Administrativo concluyó que la Procuraduría no tenía la autoridad para sancionar al concejal Bolívar. Según el tribunal, solo un juez penal, a través de una sentencia condenatoria en un proceso penal, puede restringir los derechos políticos de una persona, de acuerdo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se determinó que ninguna de las conductas investigadas y sancionadas por la Procuraduría contra el exconcejal Bolívar constituía un acto de corrupción, lo que hacía inaplicable la sanción impuesta. En consecuencia, el tribunal declaró la nulidad de los fallos disciplinarios y ordenó a la Procuraduría eliminar todos los registros relacionados con este caso en favor de Jorge Luciano Bolívar Torres.
Además, el Tribunal Administrativo condenó a la Procuraduría General de la Nación a pagar los honorarios que Bolívar dejó de recibir durante los nueve meses de suspensión, desde el 13 de febrero hasta el 13 de noviembre de 2019. Estas sumas deberán ser ajustadas con la respectiva indexación de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Es importante destacar que esta decisión solo beneficia a Jorge Bolívar, aunque es probable que otras personas que hayan presentado acciones similares ante el tribunal también obtengan resultados favorables. Se debe tener en cuenta que existe un proceso penal en curso relacionado con este caso.
Esta determinación del Tribunal Administrativo del Tolima establece un precedente importante en cuanto a la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y la evaluación adecuada de las sanciones impuestas por la Procuraduría. La decisión enfatiza la importancia de que las decisiones disciplinarias se ajusten a las normas legales y respeten los derechos fundamentales de los involucrados.
El caso de Jorge Bolívar ha generado controversia y debate, y esta determinación del Tribunal plantea interrogantes sobre el proceso llevado a cabo por la Procuraduría en este caso específico. Ahora corresponderá a las autoridades competentes analizar las implicaciones de esta decisión y tomar las medidas apropiadas en el marco del proceso penal en curso.
