A través de un comunicado oficial, el ente de control ha formulado una serie de cuestionamientos que han llevado a la solicitud de terminación del convenio interadministrativo suscrito entre la empresa Infotic y la Alcaldía de la ciudad.
El contrato, celebrado en junio de 2023, ha sido objeto de controversia desde su inicio, generando debates en la opinión pública sobre su transparencia y efectividad. La Procuraduría ha señalado que este acuerdo no cumple con las características esenciales de un convenio interadministrativo, ya que la actividad de Infotic parece estar más orientada hacia la obtención de ganancias que hacia la satisfacción de intereses generales de la comunidad.
La empresa Infotic, a la que se le confió el recaudo del sistema de transporte, recibe un porcentaje de la tarifa de los usuarios a cambio de sus servicios, lo que ha levantado preocupaciones sobre la equidad y transparencia de este modelo de negocio. La Procuraduría ha argumentado que esto no se ajusta a los principios de un convenio de esta naturaleza y, en cambio, parece seguir un esquema de libre competencia como cualquier entidad privada.
El contrato también ha sido cuestionado por la tercerización de ciertos aspectos del servicio. Se ha señalado que el desarrollo del objeto del contrato recae en la empresa tecnológica VYR S.A.S., aliada de Infotic, lo que plantea inquietudes sobre la capacidad de esta tercera entidad para llevar a cabo la labor encomendada.
En respuesta a estas preocupaciones, la Procuraduría ha solicitado a la Junta Directiva del SETP que se autorice la terminación del contrato de mutuo acuerdo. Además, ha solicitado la revocación de varias resoluciones relacionadas con la contratación y la evaluación de la propuesta presentada por los operadores de transporte.
Este último giro en el proceso del contrato de recaudo del SETP podría tener un impacto significativo en el sistema de transporte de la ciudad. La Procuraduría busca garantizar la transparencia, equidad y cumplimiento de los principios en la prestación de este servicio esencial para la comunidad. La posibilidad de una licitación pública como solución a largo plazo está ahora sobre la mesa, en medio de un escenario en el que se busca un sistema de recaudo que beneficie tanto a los usuarios como a los operadores de transporte.
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