El Ministerio Público pidió al Tribunal Superior de Bogotá absolver al expresidente en los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, cuestionando la valoración de pruebas realizada en primera instancia. El caso será revisado por tres magistrados, mientras la defensa tiene plazo hasta el 13 de agosto para sustentar su apelación.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al considerar que la sentencia de primera instancia contiene errores en la valoración de pruebas y en la aplicación de normas penales. El pronunciamiento, firmado por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo, fue presentado en un documento de 81 páginas ante la Sala Penal de esa corporación judicial.
La objeción del Ministerio Público se limita a los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, excluyendo otro cargo de soborno por el cual Uribe fue absuelto en primera instancia, decisión que la Procuraduría respaldó durante el juicio. Según el documento, los errores de interpretación de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá justifican una revisión integral de la sentencia.
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, tiene plazo hasta el 13 de agosto para sustentar la apelación. Uribe ha reiterado su inocencia desde que en 2017 la Corte Suprema de Justicia abrió la investigación en su contra, cuando aún se desempeñaba como senador. Este proceso ha estado marcado por un alto interés mediático y por el debate político que genera su figura.
El caso será analizado por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, quienes determinarán si en 2018 el abogado Diego Cadena, presuntamente por instrucción de Uribe, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad para que lo desvincularan de la creación de un grupo paramilitar en Antioquia en la década de los noventa.
En el documento, Cuadro Crespo cuestiona la interpretación de una llamada clave en la que Uribe le dice a Cadena: “Proceda, doctor Diego, que usted todo lo hace bien”. Para el delegado, esta expresión, al igual que otras comunicaciones, no constituye por sí sola una prueba de conducta delictiva y debe ser valorada dentro de un contexto más amplio y preciso.
La Procuraduría sostiene que la jueza incurrió en indebida aplicación de la ley y en apreciaciones probatorias equivocadas, lo que compromete la solidez jurídica del fallo condenatorio. Asimismo, afirma que no se demostró de manera suficiente la existencia de un acuerdo ilícito o la ejecución de actos concretos que encajen en los delitos imputados.
Por su parte, la defensa de Uribe ha insistido en que el proceso está sustentado en testimonios débiles y en interpretaciones subjetivas de hechos y comunicaciones. El abogado Granados ha señalado que la condena desconoce principios fundamentales del derecho penal y que confía en que el Tribunal Superior corrija lo que considera una injusticia.
La decisión final quedará en manos de la Sala Penal del Tribunal, que deberá evaluar los argumentos de la Procuraduría, la defensa y la Fiscalía antes de emitir un fallo definitivo. Mientras tanto, el caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes del país, con implicaciones tanto jurídicas como políticas que podrían marcar un precedente en la justicia colombiana.
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