Dignidad Agropecuaria advierte que los acuerdos firmados tras el paro arrocero fueron incumplidos. Agricultores reportan más de 45 días de retraso en pagos, descuentos abusivos y caída de precios que ponen en riesgo la producción nacional.
El gremio arrocero del país vuelve a encender las alarmas ante lo que califican como un nuevo incumplimiento del Ministerio de Agricultura, situación que amenaza con agravar la crisis del sector y comprometer la próxima cosecha. Según denunció el presidente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez Reyes, el Gobierno no respetó los acuerdos pactados tras el paro arrocero, afectando de manera directa a miles de productores.
Gutiérrez explicó que los compromisos firmados con el Ministerio establecían un precio base que garantizara cubrir los costos de producción y una utilidad mínima. Sin embargo, denunció que la Cámara Induarroz de la ANDI y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitaron al Ministerio rebajar los valores acordados, lo cual fue aceptado sin consultar a los agricultores.
“El Ministerio permitió que los industriales compraran el arroz al precio que ellos decidieron, violando el acuerdo que se había firmado con los agricultores. Esto nos deja en una posición de desventaja total”, declaró el dirigente gremial, quien aseguró que la medida pone en jaque la sostenibilidad de miles de familias campesinas.
Además de la caída en los precios, Dignidad Agropecuaria denunció que muchos productores no han recibido el pago por el arroz entregado desde agosto, acumulando retrasos superiores a 45 días. A esta problemática se suman tablas de descuentos calificadas como abusivas, aplicadas por los compradores industriales, que reducen aún más los ingresos de los agricultores.
Según Gutiérrez, esta situación no solo afecta el sustento de los campesinos, sino que podría derivar en una reducción de la producción nacional de arroz para el próximo año, lo que obligaría al país a incrementar las importaciones y pondría en riesgo la soberanía alimentaria.
El dirigente también advirtió que, de persistir el incumplimiento, muchos agricultores no podrán sembrar la próxima cosecha por falta de liquidez, lo que tendría un impacto económico y social en los departamentos arroceros como Tolima, Huila, Casanare, Meta y Norte de Santander.
“Si no se garantiza un precio justo y el cumplimiento de los pagos, se va a reducir el área sembrada, habrá menos empleo rural y más dependencia del arroz importado. El Gobierno debe cumplir su palabra”, enfatizó el líder gremial.
Finalmente, Dignidad Agropecuaria hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura para revisar los acuerdos suscritos, establecer un mecanismo de verificación de precios, garantizar pagos oportunos y proteger el trabajo de quienes sostienen una de las principales cadenas alimentarias del país.
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