Empresas de transporte público en Ibagué alertaron que una eventual reducción en la tarifa del pasaje podría llevar a los propietarios de busetas a dejar de operar, al considerar que el sistema no es financieramente sostenible sin subsidios.
Las empresas de transporte público colectivo en Ibagué encendieron las alarmas frente a la posibilidad de que la Administración Municipal reduzca la tarifa del pasaje urbano. Según los empresarios del sector, una decisión de este tipo pondría en riesgo la continuidad del servicio, debido al impacto directo que tendría sobre la ya frágil estructura financiera del sistema. La advertencia surge en medio del debate ciudadano por el reciente incremento del pasaje. Los transportadores aseguran que una rebaja sin medidas compensatorias sería inviable. El tema genera tensión entre usuarios, autoridades y empresarios. La movilidad urbana vuelve a ser foco de discusión. El servicio podría verse afectado en toda la ciudad.
César Martínez, gerente de la Cooperativa Tolimense de Transportes Expreso Ibagué, explicó que los propietarios de vehículos afiliados a varias empresas sostuvieron recientemente una reunión. En ese encuentro, se habría acordado no continuar prestando el servicio si se concreta una disminución del valor actual del pasaje. Según indicó, la decisión responde a la imposibilidad de asumir nuevos recortes en los ingresos. Los costos operativos, afirmó, superan ampliamente los márgenes de rentabilidad. La advertencia fue elevada de manera formal. El sector espera una respuesta clara de la Alcaldía.
Martínez recordó que el aumento de 400 pesos en la tarifa se definió antes de conocerse el incremento del 23 % en el salario mínimo. Esta situación, explicó, desajustó las proyecciones financieras de las empresas transportadoras. El alza salarial impactó directamente rubros como conductores, mantenimiento y operación. Para el gremio, el ajuste tarifario quedó corto frente a los nuevos costos. Ahora, una eventual rebaja profundizaría el desbalance. Los empresarios consideran que no se tuvo en cuenta la realidad del sector. El escenario es calificado como crítico.
El gerente de Expreso Ibagué también rechazó los señalamientos sobre presuntos sobrecostos en la tarifa local. Aseguró que el valor actual del pasaje, fijado en 3.300 pesos, es comparable con el de otras ciudades intermedias como Villavicencio y Armenia. Incluso, señaló que en esos municipios se analizan nuevos incrementos. En contraste, mencionó casos como Cartagena y Barranquilla, donde las tarifas son más altas. Sin embargo, allí existen subsidios estatales. Esta diferencia marca una brecha importante con Ibagué.
Uno de los puntos más sensibles expuestos por el sector es la ausencia de apoyos económicos del Estado. En Ibagué, el transporte colectivo es operado por privados sin subsidios directos. Esta condición, según Martínez, ha deteriorado progresivamente la sostenibilidad del sistema. Como consecuencia, desde el año 2019 no se han incorporado nuevos vehículos a la flota. El envejecimiento del parque automotor es una de las principales preocupaciones. La falta de incentivos limita la renovación. El modelo actual muestra signos de agotamiento.
Pese a la postura firme, los transportadores no cerraron la puerta a una posible reducción del pasaje. Martínez aclaró que el gremio estaría dispuesto a aceptar un ajuste a la baja, siempre y cuando se implemente un esquema de subsidios que cubra la diferencia. De esta manera, se garantizaría la continuidad del servicio sin afectar la estabilidad financiera de los propietarios. El objetivo, reiteró, no es suspender la operación. La prioridad es mantener un servicio digno y sostenible. Todo dependerá de las decisiones que adopte la Alcaldía.
Desde las empresas también se destacó que, de manera paralela, se adelantan acciones para mejorar la calidad del servicio. Estas iniciativas se realizan en coordinación con la Secretaría de Movilidad. Entre los esfuerzos mencionados se encuentran mejoras operativas y ajustes en la prestación del servicio. El sector reconoce las quejas ciudadanas, pero insiste en que las soluciones deben ser integrales. Sin un modelo financiero equilibrado, advierten, no habrá mejoras sostenibles. El diálogo con la Administración sigue abierto.
Finalmente, los transportadores hicieron un llamado a que las decisiones sobre la tarifa se adopten con base en criterios técnicos y financieros. Insistieron en que cualquier medida debe contemplar el impacto real sobre el sistema y los usuarios. La discusión continúa en un contexto de presión social y exigencias ciudadanas. Mientras tanto, el servicio de transporte público en Ibagué permanece en vilo. La ciudad espera definiciones claras. La movilidad urbana se mantiene como un reto central para la administración local.
VIAJES Y DOMICILIOS ECONOMICOS
