En un nuevo intento por ajustar los gastos del Congreso, este martes se radicó ante el Senado un proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas de $48,1 millones a $28 millones. La propuesta llega siete meses después de que un proyecto similar fracasara en su tercer debate en la Cámara de Representantes en junio del año pasado.
El proyecto cuenta con el respaldo de 57 firmas y promete enfrentar nuevamente los obstáculos históricos que han frenado iniciativas similares desde 2015. En los últimos seis años, al menos diez propuestas han intentado disminuir los salarios, pero ninguna ha logrado avanzar en el Congreso. Entre las estrategias planteadas se incluían la eliminación de primas especiales y topes a los gastos de representación, como la prohibición de pagos adicionales durante sesiones virtuales.
La polémica en torno a los altos salarios de los congresistas se reavivó en mayo de 2024, cuando el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó un decreto que aumentó sus ingresos de $43,4 millones a $48,1 millones. La decisión generó una fuerte reacción de sectores políticos y empresariales, que cuestionaron el impacto de estas cifras en las finanzas públicas.
De aprobarse esta vez, el proyecto no solo significaría una importante reducción de ingresos para los parlamentarios, sino también un ahorro significativo para el país. Según proyecciones oficiales, el Estado podría economizar más de $420 mil millones anuales, especialmente considerando el incremento del salario mínimo en 2025.
Los promotores del proyecto argumentan que esta reducción salarial es una medida necesaria para cerrar la brecha entre los ingresos de los congresistas y los ciudadanos promedio. “No podemos seguir permitiendo que los representantes del pueblo tengan ingresos desproporcionados mientras el país enfrenta retos económicos y sociales”, señalaron en la presentación del proyecto.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta un panorama complicado. La historia reciente muestra cómo los congresistas han rechazado propuestas similares, argumentando que el alto salario garantiza independencia política y evita riesgos de corrupción. No obstante, sectores de la sociedad civil han exigido mayor coherencia y sacrificio de parte de sus representantes.
Organizaciones ciudadanas y líderes políticos alternativos han anunciado su respaldo al proyecto y han pedido que se dé un debate transparente y rápido en las plenarias del Senado y la Cámara. “No puede ser que en un país con tantas necesidades, los congresistas sigan siendo los servidores públicos mejor pagados”, expresó un analista político.
Mientras tanto, la propuesta abre un nuevo capítulo en el debate sobre los privilegios de la clase política en Colombia, con la esperanza de que, esta vez, logre superar los obstáculos que han frustrado iniciativas similares en el pasado.
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